El parlamentario, integrante de la Comisión de Defensa, analizó el debate existente acerca de la nueva normativa sobre inteligencia que se discute en el Parlamento, que pretende dar más atribuciones a la ANI y las Fuerzas Armadas.
Un álgido debate ha tenido en la Comisión de Defensa de la Cámara la nueva Ley de Inteligencia que pretende entregar nuevas atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y a las Fuerzas Armadas.
Esto, incluso, derivó en la censura al ex presidente de la instancia, Jorge Brito (RD). Sobre el proyecto, conversó con Diario Concepción el integrante de esta comisión, el diputado Jaime Tohá, quien hizo un duro análisis de la normativa.
– La nueva normativa concentra el poder en la ANI, pero esta institución no ha cumplido el estándar de inteligencia que Chile necesita. ¿Está la institución a la altura de esas nuevas atribuciones?
– No, la ANI en estos momentos es un órgano funcionalmente deficiente y cuya actividad resulta irrelevante para la exigente labor que implica un sistema de inteligencia moderno. Lo cierto es que hoy no existe en los hechos una ley de inteligencia del Estado, la cual es propia de los estados democráticos avanzados. Este proyecto tiene un trasfondo que pretende que la inteligencia militar se involucre en temas de orden público, en lo que es del ámbito policial y, por tanto, no aprobaremos dicha disposición.
– La ANI podrá acceder a información personal de ciudadanos existentes en las bases de datos de los servicios públicos. ¿Ahí hay una colisión de derechos con la ley de protección de datos?
– En un proceso de recopilación de información por parte de los órganos de inteligencia siempre pueden existir colisiones entre las facultades de dichos órganos y los derechos de los ciudadanos. No debemos olvidar que la Constitución, desde el año 2018, protege los datos personales a propósito de la protección de las garantías constitucionales. En esa línea, he propuesto indicaciones al proyecto por medio de las cuales se establecen controles jurisdiccionales para el manejo de información relativa a personas y, en especial, de los datos sensibles, con el fin de cautelar que el ejercicio de la actividad de inteligencia no vulnere los derechos de los ciudadanos.
– ¿Está la ANI en condiciones de soportar estas nuevas atribuciones?
– Modernizar nuestro sistema de inteligencia resulta importante, y supone reformas de fondo, pero el proyecto de ley del Gobierno no se hace cargo de ellas. Nosotros buscamos establecer un sistema integrado por distintos órganos de inteligencia que respondan a un mando civil que sea responsable políticamente.
– Se entregan nuevas atribuciones a las FF.AA. ¿Cómo afectan estas tras lo ocurrido tras el estallido social?
– Quizá no haya nuevas atribuciones para las Fuerzas Armadas, pero si hay la conformación de un sistema que, si bien modifica lo existente, no avanza en la dirección correcta en cuanto a establecer un modelo de funcionamiento para una inteligencia integrada y que proporcione información necesaria para la toma de decisiones de inteligencia del Estado y no del Gobierno de turno.
– ¿Cómo podrían afectar estas nuevas atribuciones en situaciones de conflicto como las que ocurren en la zona sur de Arauco?
– En Arauco hay problemas de orden público y acciones violentas que son del ámbito policial, con el inicio de un diálogo político que recoja la deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos originarios, junto con una reforma constitucional que recoja las aspiraciones de reconocimiento constitucional y derechos garantizados en una nueva institucionalidad.
– ¿Usted cree que se ha utilizado esta inteligencia que quiere fortalecer el presidente Piñera en Arauco? ¿Ha sido efectiva?
– Es un hecho que ciertos órganos de inteligencia han tenido algún grado de participación en el conflicto que se vive hoy en La Araucanía. Probablemente haya logros, pero lo cierto es que no debemos olvidar que han existido irregularidades graves en esta materia que como país no podemos permitirnos nunca más. La inteligencia debe hacerse en el marco del respeto a los derechos fundamentales, y buscando cautelar los principios de integridad y probidad en el actuar de sus órganos. El conflicto de La Araucanía, más que servicios de inteligencia, lo que requiere es inteligencia, pero política, requiere diálogo, comprensión, y buena voluntad de las partes involucradas para poder salir del atolladero en el que se encuentra.