Un grupo de representantes vecinales y ONG’s concurrió ayer al municipio de Concepción y a la seremi de Vivienda para pedir un pronunciamiento respecto a la petición de congelar los permisos de edificación en la comuna.
Representantes de siete juntas de vecinos, incluyendo la Unión Comunal de Concepción, y nueve organizaciones y ONG’s penquistas concurrieron a la seremi de Vivienda y a la municipalidad de Concepción para entregar un carta donde manifiestan su preocupación por la demora en responder la petición de postergar los permisos de edificación en la comuna.
Como se recordará, en medio de la discusión para efectuar cambios al Plan Regulador Comunal (PRC) y la realización de una consulta ciudadana sobre edificaciones en altura, la municipalidad efectuó dicha petición al Minvu, pero la respuesta se desconoce, así como el contenido de la carta enviada por la autoridad comunal (de ahí la presencia de los vecinos ayer en el municipio).
El tema preocupa, pues la consulta entregó resultados mayoritarios a favor de edificar hasta siete pisos, no así en el caso de 15 pisos y más. Según comentaron los vecinos, pese a la petición del municipio, entre el 21 de enero y el 7 de febrero se han ingresado una veintena de proyectos a la Dirección de Obras Municipales (DOM) que superan los 20 pisos y, al menos dos ellos, generan dudas. Concejales de la comuna confirmaron el hecho.
“Uno que está en Prieto con Castellón. Son cuatro permisos de edificación otorgados al mismo tiempo, para la misma constructora. Son cuatro permisos de 23 pisos, pero solicitados por separados. Entonces, queremos ver si hay alguna irregularidad, con el fin de esquivar las evaluaciones medioambientales. El segundo, es O’Higgins con Paicaví, donde hay dos permisos de dos empresas diferentes, pero con la mimas arquitecta a cargo”, explicó Camilo Riffo, director de la Fundación Síntesis.
Es en este punto, donde los vecinos creen necesario que Contraloría actúe, pues “pueden existir vicios”, agregó Riffo.
Luis Urrutia, dirigente de la Junta de Vecinos de la Plaza Perú y Diagonal, dijo que “la revisión exhaustiva de los permisos que se están otorgando es vital. Creo que Contraloría tiene que tomar cartas en el asunto (…). Aquí hay un tema política relacionado, y un tema económico que está afectando a los vecinos”.
Romina Acevedo, tesorera del Parque Ecuador Norte, agregó que “no ha habido claridad respecto de los documentos que el municipio ha ingresado al Ministerio de Vivienda, no tenemos copia de eso, no sabemos los tiempos y eso nos complica, en particular, por los permisos que edificación que se están entregando”.
La primera semana de marzo, en tanto, el Concejo Municipal se tendrá que pronunciar respecto alas modificaciones al PRC y, aunque no se trató de un proceso vinculante, vecinos esperan que se considere la consulta ciudadana realizada en enero pasado.
El edil Ricardo Trostel (PR), quien considera que el problema de fondo se relaciona con un libre mercado que está avalado por la Constitución (“por eso también es importante el plebiscito de abril”, comentó), dijo que efectivamente habrá una consideración del instrumento. Así, por ejemplo, comentó que en la comisión de Infraestructura del Concejo ya se acordó que habrá una consideración a bajar la altura en sectores como 21 de mayo y Collao, donde había propuestas de 12 pisos.
Agregó que en el caso de los 15 pisos, “donde hay un diferencia muy estrecha, entre el de acuerdo y las demás opciones, también se va a considerar en el caso del sector ubicado a un costado del río Andalién. Se nos adelantó, que entre las observaciones se señala que está en una ladera de cerro, y en segundo lugar, la realidad del sector, donde hay bodegas”.