En un hecho calificado como histórico, la mayoría de los partidos políticos del país llegaron a un acuerdo para preguntar a los chilenos si quieren una nueva Constitución Política y de qué forma se haría. Esto busca ser la salida institucional al estallido social que ya cumple un mes.
El “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” contempla un plebiscito de entrada. Es decir, preguntar a la ciudadanía en abril próximo “¿Quiere usted una nueva Constitución?”
Si bien el anhelo de una nueva carta fundamental ha liderado las consignas de las masivas movilizaciones, hay sectores que ya adelantan una campaña por el “No”, como ya ha expresado la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y el líder del Movimiento Republicano, José Antonio Kast.
Ya sea que usted conteste Sí o No, deberá de igual forma responder la segunda pregunta: “¿Qué tipo de órgano deberá redactar la nueva Constitución?”. Se ofrecerán dos opciones: Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional.
La Convención Constitucional se refiere a órgano compuesto en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor. Estará compuesta por 155 personas.
Una Convención Mixta Constitucional se refiere a una compuesta por 50% por parlamentarios y 50% por ciudadanos elegidos. Aún no se define la cantidad de miembros.
De triunfar la opción “Sí” a una nueva Constitución, en el plebiscito de abril, en octubre de 2020 se agregará una papeleta a las elecciones municipales fijadas para entonces. En esta nueva papeleta estarán los nombres de los postulantes a la convención y su elección se regirá bajo sufragio universal, con el mismo sistema de la elección de diputados.
También tendrá las misma reglas de campaña y financiamiento.
De ganar la opción de Convención “ciudadana”, los parlamentarios que deseen postular deberán antes renunciar a su cargo. Además de esto, los constituyentes tendrán una inhabilidad de un año para postular a cargos públicos luego de que se termine su labor.
El plazo que tendrá el órgano constituyente para redactar la nueva carta, será de 9 meses, prorrogable una sola vez por otros tres meses.
Ese texto deberá ser visado por medio de un plebiscito ratificatorio, el cual se llevará a cabo con voto obligatorio de la ciudadanía.
La votación se realizará 60 días después de entregada la propuesta de la nueva Carta Magna, sin embargo, el acuerdo establece que “en ningún caso” este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular.
En el acuerdo, los partidos fijaron un quórum de 2/3 para aprobar las normas que tendría la nueva Constitución y las reglas de votación. Es decir, las disposiciones deben ser aprobadas por el 67% de los miembros de la convención.
El Partido Comunista, y algunas colectividades del Frente Amplio, se restaron del acuerdo, principalmente por considerar demasiado alto este requisito. “Si la derecha logra tener más del tercio de los constituyentes, va tener derecho a veto, va a poder vetar muchas cuestiones que son objetivos muy importantes de cambio que necesitan nuestro país”, dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier.
Quienes defienden el quórum, señalan que se busca que la redacción sea lo más transversal posible y de existir un bloqueo de alguna norma por aquel tercio más uno, la diferencia deberá ser zanjada de alguna otra forma, pues se estará escribiendo sobre una “hoja en blanco”: la Constitución de 1980 no será utilizada como referencia.
“Habiendo “texto en blanco”, los 2/3 fuerzan efectivamente a llegar a acuerdos sostenibles. ¿Y qué pasa en aquellas cosas que no se consiga ese acuerdo? Bueno, tendrán que ser materias de una ley de rango inferior al constitucional, y por ende, quórum inferior”, señaló el diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, partido que suscribió el acuerdo.