El día después del “perdón” del Presidente, las opiniones del mundo político se dividieron. En la oposición dijeron que el Ejecutivo aún no entiende el descontento ciudadano.
El día después del “perdón” del Presidente Sebastián Piñera, valorado por representantes oficialistas y que no pasó de ser más que una anécdota para la oposición, estuvo marcado por frases como “insuficiente”, “primer paso” o “punto de partida”, al momento de evaluar el conjunto de medidas que el Jefe de Estado anunció la noche del martes.
“La respuesta a la interrogante de si las medidas anunciadas por el Presidente son suficientes o insuficientes, está hoy (ayer) en la calle. Las movilizaciones siguen con mayor fuerza y con mayor presencia de chilenos y chilenas”, dijo el diputados del Distrito 21 y jefe de la bancada del PS, Manuel Monsalve.
Pero no sólo eso. El de ayer, también fue el día en que representantes del Frente Amplio y un grupo de asesores del Congreso se manifestaron en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien concurrió al hemiciclo de la Cámara para dar cuenta del estado de emergencia que afecta al país.
“Él ha caído en una irresponsabilidad política grave, porque se puede mantener el orden público, pero eso no justifica ni permite que haya agresión ni violaciones a los Derechos Humanos y eso es lo que está ocurriendo. Eso es propio de una dictadura, no de la democracia”, sostuvo Monsalve.
De hecho, la vulneración de los derechos fundamentales a las personas se empezó a escuchar reiteradamente, tras cinco días de manifestaciones en todo el país. La diputada de Ñuble y vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal (PPD), por ejemplo, coincidió con Monsalve y sostuvo que “hay una política añeja, en el sentido de establecer los mismos cánones de defensa policial como teníamos hace 40 años”.
Monsalve agregó que un ministro del Interior que no es capaz de asegurar que no habrá muertes en el objetivo de mantener el orden público “tiene que irse”.
El tema fue analizado en la comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por el senador Alejandro Navarro. “Es la primera vez que vivimos un estado de emergencia decretado por motivaciones políticas; un estado de sitio, de hecho, sin control. Las personas no pueden ser arrestadas en toque de queda y no pueden haber detenciones en lugares no habilitados legalmente para tal efecto”, expuso el militante del PRO en su página de Facebook.
Como está dicho, las opiniones sobre la medidas anunciadas la noche del martes fueron variadas. Incluso, quienes las valoraron, las calificaron como insuficientes. Así, por ejemplo, el diputado de Ñuble, Jorge Sabag (DC), dijo que “las medidas van en el sentido correcto, pero falta mucho”.
Junto con manifestar que es necesario cuidar el lenguaje y en ello aludió al Ejecutivo, al PC y al Frente Amplio, el legislador agregó que en un principio “el gobierno renunció a su rol político, pensó que esto se resolvía con la Ley de Seguridad del Estado y eso no le resultó, ahora es necesario un cambio de gabinete urgente y, sobre todo, ahondar en cambios más profundos”.
La diputada de RN, Francesca Muñoz, dijo que la medidas constituían un avance en el corto plazo, no obstante, “queda trabajo por hacer en mucha materias”.
“No es tiempo de quedarnos en los discursos, es la hora de avanzar y de hacerlo en unidad, no más tristes espectáculos en el Congreso y menos desde trincheras políticas”, comentó Muñoz.
Sobre el conjunto de medidas, el diputado Monsalve sostuvo que la desigualdad está en el centro de la molestia ciudadana, pero el Presidente no hizo ninguna mención en esa dirección. “Te coloco un sólo ejemplo. El ministro de Hacienda ha dicho que el paquete de medidas cuesta 1.200 millones de dólares y, de dónde vienen, vienen de recaudación del Estado, el pago de la boleta electrónica y de los impuestos digitales, que pagan los mismos que están en las calles. El gobierno está haciendo una trampa, pues anuncia un paquete de medidas, donde los más ricos no colocan ningún peso. Eso es inaceptable y yo creo que los chilenos lo perciben”.
El representante socialista dijo que “esto no se resuelve” entre políticos y eso no tiene muchos caminos. “O el gobierno se abre a plebiscito para que los ciudadanos digan que prioridades tienen para el país y si está dispuesta a tener una nueva Constitución o el Presidente, a través de un decreto, se abre a un proceso de consulta”, sostuvo.
Carvajal, aunque con matices, coincidió. “No hay ningún canal comunicador entre la sociedad civil organizada y el Gobierno. Seguir teniendo la pretensión ciega de que esto se soluciona con ideas tiradas al voleo, sin siquiera tener una convocatoria amplia a nivel político, es muy insuficiente. Hoy se reclaman cambios estructurales, como avanzar a una nueva Constitución”, dijo.
En la UDI, en tanto, cerraron filas con el Presidente. “Esta nueva agenda apunta al corazón de las necesidades manifestadas por la ciudadanía”, sostuvo el senador Víctor Pérez.
Para el diputado del Distrito 21, Iván Norambuena, los anuncios “buscan dar pronta solución a problemas que han aquejado a nuestras familias, a la ciudadanía y especialmente a los adultos mayores, con un aumento inmediato en la Pensión Básica Solidaria y otras medidas que significarán una mejora sustantiva en sus pensiones”.
Ayer, se presentaron 12 proyectos de acuerdo en el Congreso, uno de ellos presentado por el diputada de la DC, Joanna Pérez, con el objetivo de salir de la crisis.