En la diligencia judicial, a cargo de la fiscal regional Marcela Cartagena, habló de sus acciones en el marco de su gestión parlamentaria, como la tramitación de la Ley de Pesca.
Poco antes de las 9 de la mañana de ayer ingresó a la Fiscalía Regional del Bío Bío el intendente Jorge Ulloa. No lo hizo para una visita protocolar ni por una actividad del ente persecutor, sino que para presentarse ante la fiscal regional Marcela Cartagena, para declarar en calidad de testigo por el Caso Asipes, donde se investiga un presunto financiamiento irregular de las campañas políticas.
La diligencia se extendió por cuatro horas, en donde la autoridad debió responder por sus actuaciones durante la tramitación de la Ley de Pesca. Recordemos que durante la Comisión Mixta que estudió esa normativa, Ulloa presentó a Luis Felipe Moncada, en ese entonces presidente de Asipes, y a Héctor Bacigalupo, presidente de Sonapesca.
Tras la declaración, Ulloa indicó que “fui convocado en calidad de testigo, aquí nadie está por sobre la ley, estuve respondiendo las preguntas que me realizó la señora fiscal. Esto tiene que ver con el tema de la ley y yo entregué información de la tramitación”.
Otro de los puntos que fueron abordados por Ulloa y Cartagena, fueron las boletas emitidas por su asesora parlamentaria, Leticia Herane, quien actualmente se desempeña como gerenta de Desarrolla Bío Bío.
Herane, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, “emitió, entre el 28 de abril y el 21 de agosto de 2009, cinco boletas a Asipes por un total de $5,5 millones, mientras era asesora parlamentaria de (Jorge) Ulloa”.
Según se puede leer en uno de los escritos presentados en tribunales, “una de estas boletas se remite con copia al correo oficial de dicho diputado: jua@congreso.cl”.
Sobre este punto, el intendente indicó que “yo entregué información de todo, en calidad de testigo, así que menos película”.
Ulloa también es investigado en esta pesquisa por sus lazos con la empresa “Cargo Service Limitada”, la que se dedicaba al servicio de Transportes hasta el año 2004, en la que él, junto a su esposa, Siomara Concha, eran socios. A contar de esa fecha, Sólo Concha figura en ella, ya que la empresa pasó a ser una sociedad anónima.
Según los antecedentes del persecutor, Cargo Service ha prestado servicios a Pesquera Blumar, que es miembro de Asipes.