Las sanciones más altas recayeron sobre cinco líderes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), quienes deberán cumplir más de 80 años de presidio.
Una resolución inédita y de proporciones históricas se vivió este lunes en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, instancia que finalmente entregó la lectura de sentencia contra los 18 acusados por el emblemático caso Grollmus.
El brutal ataque armado y posterior incendio del centenario molino, registrado el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, dejó a los implicados con condenas por los delitos de “incendios, homicidios calificados, robos con intimidación, entre otros ilícitos“. De acuerdo con lo informado por el tribunal durante la audiencia, el total de las sentencias dictadas supera ampliamente los mil años de presidio al sumar los castigos de todos los involucrados.
Las penas más altas, de “más de 80 años de presidio“, las recibieron cinco de los 18 condenados, correspondientes a los líderes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), entre los que destaca Federico Astete.
A las sentencias de los cabecillas se suman los castigos del resto de los imputados adultos, quienes deberán cumplir altísimas condenas que oscilan entre los 34 y los 65 años de privación de libertad, dependiendo de su grado de participación en los hechos.
Junto a los adultos, el tribunal también entregó las resoluciones para los tres involucrados que, al momento de cometer los brutales delitos en el molino Grollmus, eran menores de edad. Si bien hoy ya son veinteañeros, la justicia debió procesarlos y sancionarlos bajo la normativa de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
En este escenario, dos de los imputados fueron condenados a la pena máxima que permite esta legislación. “10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social”. En tanto, para el último involucrado juzgado bajo esta misma condición, el tribunal dictaminó una pena de “3 años de libertad asistida especial con internación parcial”.
El listado de los acusados, informado por el Poder Judicial es el siguiente: Federico Gerónimo Astete Catrileo, Víctor Ignacio Maldonado Millabur, Víctor Manuel Maldonado González, Robert Francisco Galindo Huenumil, Gerson Alejandro Luengo Navarrete, Gerald Aníbal Marileo Matamala, Ariel Eduardo Marileo Matamala, Javier Alejandro Mariñán Millahual, Domingo David Esteban Mariñán Millahual, Dago Reyes Reyes, Nelson Alonso Llempi, Nicolás Omar Sánchez Toledo, Luis Felipe Paineo Antimán, Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán, José Hernán Melgarejo Calbullanca y a los adolescentes (al momentos de los hechos) L.R.M.M., A.E.R.P. y S.T.R.P.
El Tribunal estuvo integrado por los magistrados Julio Ramírez Paredes (presidente), Ricardo Piña Vallejos y Marcos Antonio Pincheira Barrios (redactor).
Así, se entregó el detalle por nombre de los condenados, cuya senda sentencia por parte del Tribunal se desglosó de la siguiente manera:
El Tribunal condenó a Federico Gerónimo Astete Catrileo, Gerson Alejandro Luengo Navarrete, Javier Alejandro Mariñán Millahual, Domingo David Esteban Mariñán Millahual y José Hernán Melgarejo Calbullanca a:
Mientras tanto, a Víctor Ignacio Maldonado Millabur, Víctor Manuel Maldonado González, Robert Francisco Galindo Huenumil, Gerald Aníbal Marileo Matamala, Ariel Eduardo Marileo Matamala, Dago Reyes Reyes, Nelson Alonso Llempi, Nicolás Omar Sánchez Toledo y Luis Felipe Paineo Antimán, el tribunal cañetino los condenó a:
Según lo informado por el tribunal, en el caso de Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán fue sentenciado a:
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
El seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, señaló que “en Chile, quienes atacan a personas, destruyen patrimonio y utilizan armas para sembrar violencia, tienen que responder ante la justicia. Más de 80 años de cárcel en conjunto reflejan la gravedad de los hechos y el daño que provocaron a las víctimas y a toda una comunidad“.
“Estamos trabajando para que la violencia no se normalice en la Provincia de Arauco ni en ningún lugar de la región del Biobío. Vamos a seguir fortaleciendo el trabajo de las policías, del Ministerio Público y de todas las instituciones del Estado para recuperar el control territorial y entregar seguridad a las familias de nuestra región. Aquí hay una señal muy concreta, la violencia no puede quedar impune y el Estado va a seguir avanzando para recuperar la seguridad“, afirmó.