Senador Navarro presentó un proyecto para sancionar a candidatos que utilicen fake news, pero nada dice de quienes ejercen actualmente algún cargo. ¿Deberían sancionarse? ¿Cómo? Diputados opinan.
Camila Flores (RN), Leonidas Romero (RN) y Fernando Meza (PR) han hecho noticia en las últimas semanas por emitir opiniones de distintos temas, aunque con una característica común, no han tenido base oficial ni documentación que las respalde.
La primera dijo que “los países serios” estaban abandonando la ONU; el segundo, que la inmigración era sinónimo de aumento de sida en Chile; y el tercero, que en TVN había intercambio de sexo por minutos en pantalla (todo después de un capítulo de Informe Especial, donde era mencionado).
Por cierto, todas esa declaraciones fueron desmentidas. Incluso, el parlamentario radical debió pedir disculpas públicas.
Aunque no se trata de un tema nuevo en el mundo político (algunas personas recordaron la célebre frase “miente, no pares de mentir, que algo queda”), en tiempos de fake news este tipo de hechos cobran relevancia. Así, hace unos días el senador de la Circunscripción Costa, Alejandro Navarro, dio a conocer un proyecto de ley que busca destituir a candidatos a presidente, parlamentarios, alcaldes, concejales o cores que promuevan, promocionen o financien noticias falsas.
“Esta reforma sancionará la nueva manera de hacer política que ha adoptado la derecha, utilizando big data, es decir: investigando las preferencias de los usuarios de redes sociales, para luego destruir la reputación de candidaturas de sus contendores mediante fake news, las que son difíciles de combatir, pues los electores se quedan con la primera impresión y los políticos que las profieren difícilmente se desdicen”, explicó el congresista.
No obstante, el proyecto, que además cuenta con el apoyo de los senadores Yasna Provoste (DC), Alfonso De Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Jaime Quintana (PPD), nada dice que quienes ejercen algún tipo de cargo.
Cabe, entonces preguntarse, si es conveniente algún tipo de sanción, por ejemplo, a los parlamentarios que promuevan fake news. Consultados algunos representantes de la Cámara, las opiniones varían.
En su reciente paso por Concepción, Giorgio Jackson (RD), comentó que “es preocupante lo que sucede, pero no sé si el mejor remedio sea a través de infracciones a quienes las emiten. Creo que la desinformación se combate con buena información. Ahí el rol que tienen las universidades y los canales públicos es importante, y es donde deberíamos poner fichas”.
En la Región el diputado del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), se manifestó a favor de “que existan sanciones para todos aquellos que usen esta forma de emitir mensajes que distorsionan la realidad creando desconfianza”.
Quien fuera alcalde de Talcahuano comentó que cuando se utilizan fake news “en el campo político” se terminan deslegitimando ideas e instituciones “degradando la función pública y con ello una sociedad débil en sus instituciones y caótica en sus relaciones humanas”.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo que así como es pertinente amonestar a quienes tienen cargos, también lo es para medios “poco rigurosos”.
“Sobre todo, los portales donde nadie responde por sus publicaciones. Toda nota debiera tener un autor identificable. No hay que restringir nada, pero que cada uno asuma sus notas, así de simple”, manifestó Sauerbaum.
Sobre los parlamentarios dijo que alguna sanción deben tener y que para eso estaba la comisión de ética, y agregó que también había que diferenciar entre “opinión e información falsa”.
El representante de la UDI en el Distrito 20, Enrique van Rysselberghe, dijo que “decir la verdad es una virtud fundamental. Mentir o promover mentiras es un vicio crítico. Así, toda norma que incentive la rectificación de nuestras conductas considero ha de ser bienvenida”.
No obstante, el diputado opinó que “en la era digital, de la transparencia y de la rendición de cuentas públicas en tiempo real que lo anterior faculta, tengo la convicción que el mayor precio que paga el mentiroso o promotor de mentiras es que la ciudadanía muy rápidamente lo descubre y los juzga, y lo hace responsable de su dichos”.
Agregó que “la velocidad de esa dinámica hoy es tremenda; y considero que en una sociedad libre – que incluye la libertad y responsabilidad de las expresiones personales, ese precio ya es el justo”.
Coincidió, además, con el diputado Sauerbaum. “Sí considero que para que efectivamente esa responsabilidad por los dichos personales se pueda asignar, es vital terminar con el anonimato virtual: los encapuchados digitales”, manifestó Van Rysselberghe.