El proyecto de ley busca facultar a directores para expulsar en menor tiempo a alumnos involucrados en hechos de violencia graves.
Dos campos de acción plantea el proyecto de ley “Aula Segura”, presentado el jueves por el Presidente Sebastián Piñera tras los últimos hechos de violencia registrados en liceos de la capital.
En primer lugar, castiga el uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de artefactos definidos en la Ley de Control de Armas y elementos incendiarios o de características similares, como bombas Molotov.
En segundo orden, busca sancionar agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
Según explicó el mandatario, el alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento educacional de manera inmediata —la normativa actual establece un plazo de al menos 25 días hábiles—, para lo cual el rol del director será central.
En efecto, la iniciativa fortalece el papel del equipo directivo institucional, puesto que le otorga mayores facultades en cuanto a expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia.
Y aunque el proyecto de ley señala que “el Mineduc deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo”, surgen voces que solicitan que no centre únicamente su campo de acción en el apartamiento de jóvenes.
El senador e integrante de la Comisión de Educación, Juan Ignacio Latorre (RD), afirmó que existen dos interrogantes del proyecto que le preocupan.
“Uno, si acelerar la expulsión de estudiantes involucrados en incidentes graves o derechamente delitos va a ser arbitrario de parte de la dirección; y dos, si se vulnera o no el derecho a la educación, porque tú puedes expulsar a un estudiante de un establecimiento, pero tiene que buscar alternativas y el sistema tiene que entregarle alguna alternativa de educación”, indicó.
Latorre a su vez exigió que los municipios se hagan cargo de las situaciones, interpelando directamente a las jefaturas comunales.
“Yo les preguntaría a los alcaldes, que todavía tienen la educación en sus manos, cuánto esfuerzo hacen por planes integrales de prevención de la violencia”.
Opinión diferente manifestó el diputado UDI y también integrante de la Comisión de Educación, Jaime Bellolio, quien valoró la presentación del texto, en circunstancias que, dijo, “obliga a volver a hablar sobre la importancia del adecuado clima en la sala de clases y en la comunidad escolar para que haya aprendizaje”.
“No estamos hablando aquí de hechos que puedan ser minimizados o justificables, como lamentablemente he escuchado de algunos parlamentarios. Estamos hablando de estudiantes que en los últimos días han intentado quemar a sus profesores”, agregó el parlamentario, que respaldó la medida de la expulsión: “Un estudiante que rocía con bencina a un docente tiene un problema y necesita de un acompañamiento, pero eso no puede darse dentro de la misma comunidad escolar donde intentó quemar a un docente”.
El presidente del Colegio de Profesores del Bío Bío, Boris Figueroa, igualmente saludó el paquete de medidas patrocinado por La Moneda, puesto que, sostuvo, apunta en lo correcto. “Los chicos que están en esa situación no pueden permanecer en los establecimientos en condiciones normales. Si atacan a un profesor deben ser canceladas sus matrículas y buscar una alternativa”.
Misma visión esbozó el seremi de Educación en la zona, Fernando Peña, quien desestimó que se instale la segregación con este proyecto de ley, subrayando que “los esfuerzos de las comunidades educativas se ven empañados por las acciones de unos pocos, por lo que este proyecto busca atender una situación contingente y también fortalecer a los equipos directivos, para que puedan recuperar y enaltecer lo que fue y queremos que sea la educación pública”.
Los alumnos, por su parte, manifestaron su preocupación. Alen Arancibia, vocera Fesec-Cones del Bío Bío y alumna del Colegio República del Brasil de Concepción, comunicó que los estudiantes “rechazan tajantemente a nivel nacional este proyecto”.
“Creemos que da pie a la criminalización y la represión de la orgánica estudiantil. Va a dar pie a que directores y rectores persigan a dirigentes”, sentenció.
Daniel Rodríguez, director del centro de investigación Acción Educar, valoró el proyecto, asegurando que “toda política que busque reforzar las atribuciones del director para solucionar los problemas internos, debe ser bienvenida”.
Sin perjuicio de ello, destacó que la iniciativa es muy acotada y que únicamente busca reducir los plazos de acción que manejan los equipos directivos en casos excepcionales y extremos, como lo son agresiones a personal docente o la posesión de armamento.
“El proyecto busca solucionar una parte del problema que no es menor, que es proteger a la comunidad educativa de las personas que incurren en este tipo de comportamientos, pero no busca, de ninguna manera, solucionar el problema de fondo. Ni el colegio ni el Ministerio de Educación van a resolver problemas penales”, estimó Rodríguez.
El experto también hizo hincapié en el momento en que llega la idea presentada el jueves por el Presidente Piñera y la titular del Mineduc, Marcela Cubillos, aseverando que se trata un texto concebido para las disyuntivas de la capital.
“Es la manera de solucionar un problema puntual de los liceos urbanos grandes, en particular de ciertos liceos de Santiago. Claramente, no es un problema que urja de manera masiva a los 6 mil establecimientos de la educación pública. Es una ley para los liceos de Santiago”, sentenció.