Como “un importante disuasivo” para los privados que incurran en delitos de cohecho y soborno. Así calificaron los integrantes de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras ante la norma que prohíbe a un condenado por estos delitos trabajar en una empresa que tenga contratos con el Estado o con una empresa pública (incluidas las concesionarias y de utilidad pública).
La disposición propuesta por el Ejecutivo y acogida por la instancia mixta contó con la aprobación unánime y amplió también dicha prohibición a las corporaciones de educación y de salud, generando así un registro de las personas condenadas por alguna de estas conductas.