En medio de la polémica por el precio del peaje en la Ruta 160, en la Provincia de Arauco, poco se alude a la calidad que tiene el territorio. ¿Por qué? Es la gran pregunta.
La polémica alza en la tarifa del peaje Chivilingo en la Ruta 160 puso nuevamente en el mapa político a la provincia de Arauco, un territorio complejo, que no ha crecido a la par con las otras provincias del Bío Bío y, por lo mismo, ha sido objeto de ambiciosos planes gubernamentales en los últimos tres gobiernos, al menos en el papel.
Fue en el primer de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que se impulsó el denominado “Plan Arauco”, una iniciativa que buscaba inyectar una serie de recursos en el territorio bajo la argumentación de la “discriminación positiva”, justamente, por lo expuesto al inicio de este artículo.
El plan, que fue trabajado junto con los siete alcaldes de la provincia, durante nueve meses en 2016, implicó una inversión de $360 mil millones en cuatro años.
Durante su lanzamiento, en enero de 2017, la entonces Jefa de Estado dijo que se trataba del “mayor esfuerzo financiero que se conozca en esta provincia” (cabe destacar, ya se hablaba de planes de mejora para la Ruta 160).
La llegada del actual Presidente Sebastián Piñera, en su primera administración, no supuso el término de la inversión en el territorio.
Bajo el nombre “Arauco Avanza”, Piñera tomó la posta del trabajo iniciado en el gobierno que lo precedió.
En junio de 2012, el Presidente Piñera dijo en Cañete que “éste es un plan que compromete una inversión pública directa por más de 351 millones de dólares, y una inversión, a través de concesiones, por 260 millones de dólares en el período 2012-2014. Es decir, en tres años vamos a invertir en esta región más de 600 millones de dólares, lo cual constituye, sin duda, la más grande inversión que se haya hecho jamás en esta provincia”.
Por cierto, ambas iniciativas contaron con adherentes y detractores, dependiendo del lado político.
Quizás por lo anterior, durante su segunda administración, la Presidenta Bachelet, apostó a dar un paso más. Fue, entonces, cuando surgió la idea de la declaratoria de “zona de rezago”.
Una iniciativa que, en medio de la discusión del alza de la tarifa en el peaje Chivilingo, muy pocos recuerdan.
Cabe precisar, que Arauco es uno de los territorios que tiene la calidad de “rezago”, pues hay otros casos en el país. Sin ir más lejos, esta es también una condición de un conjunto de comunas que forman parte de la Asociación de Municipios del Valle del Itata.
Bajo la última administración de Michelle Bachelet se aprobaron varias iniciativas apelando a esta condición, lo cual permitía un decreto presidencial. Sin embargo, el objetivo final era que se aprobara una Ley de Zonas Rezagadas.
No fueron pocas las críticas tanto de la oposición como del oficialismo, por la demora en la legislación de la iniciativa.
Pero, ¿Qué paso finalmente con este proyecto? Al ser consultados algunos parlamentarios, las respuestas fueron confusas.
Así por ejemplo, el senador del PPD, Felipe Harboe, dijo escueto, a través de mensaje de texto, que la iniciativa no había sido enviada. Otros, como el diputado del Distrito 21, Iván Norambuena (UDI), fueron más críticos. “Fue una ilusión del gobierno anterior que nunca se presentó”, dijo.
El parlamentario gremialista agregó que “lo que la provincia de Arauco necesita son acciones concretas, más que anuncios. Le hemos pedido al nuevo gobierno que presente propuestas realistas y de acuerdo a la necesidad actual. La discusión del presupuesto para el próximo año será clave”.
Junto con lo anterior, en un artículo del 22 de marzo, el diputado del Distrito 19, Frank Sauerbaum (RN), tras una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional (subdere), Felipe Salaberry, apuntó a la necesidad que el programa de “Zona Rezagada” se transformara en ley. Salaberry, en tanto, inauguró un nuevo concepto: “zona de oportunidades”.
Pero, más allá de los nombres, el diputado del PS, Manuel Monsalve, comentó que la idea de que el programa de zonas de rezagadas se convirtiera en ley se cumplió, aunque no como esperaba.
De hecho, se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Regiones (también conocida como “de Descentralización” o “de Traspaso de Competencias”) como un artículo transitorio.
En ella se expone que “la política nacional sobre zonas rezagadas a que se refiere la letra i) del artículo 17 de la ley Nº 19.175 deberá ser fijada en un reglamento aprobado por decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Desarrollo Social, en un plazo no superior a noventa días corridos desde la publicación de la presente ley”.
Agrega el escrito que “en estos instrumentos se deberán definir los criterios e indicadores objetivos para la calificación de un territorio como zona rezagada y para que un territorio deje de tener esa calidad”.
El diputado Monsalve, quien ha sido uno de los más críticos del actuar del gobierno en la polémica del peaje, recordó que durante la segunda administración Bachelet no existía una política de Estado para apoyar territorios retrasado en términos sociales y económicos.
“Se concordó desarrollar una política de zonas rezagadas y hoy esa política existe, fundada en un decreto presidencial (…). Después se solicitó promover una ley, la presidenta aceptó, pero el tema se empezó a relativizar, pues el gobierno estimó que se debía legislar como parte de Ley de Competencias de los Gobierno Regionales y así quedó”, explicó.
– ¿Por qué no se recurre a esto, cuando hay una problemática como la del peaje en Chivilingo?
– Es que hay varias cosas que llaman la atención. Primero, el intendente y el Gobierno Regional se ha atrincherado en la idea de que este es un problema que le dejó el gobierno anterior, además, de un análisis jurídico, que le asegura no poder intervenir. Pero la gente reclama para que este gobierno haga lo que ya se hizo, un nuevo decreto, pues existen los recursos. Tienen la plata y el mecanismo, pero han preferido la discusión poco seria.
– ¿No será falta de experiencia?
– No, yo creo que hay mala fe. Porque el Gobierno, en la práctica, no quiere seguir pagando el subsidio, pero a su vez, no quiere pagar el costo de decirlo. Ellos, ideológicamente, en particular el ministro de Obras Públicas (Juan Andrés Fontaine), no entienden cómo se puede entregar un subsidio en una ruta concesionada. Es posible apelar a la zona de rezago, pero lo primero que se requiere es un Gobierno que quiera entregar el subsidio.