En la Región, dijo la dirigenta de la Anef, son cuarenta los casos con vicios de legalidad. Desde la administración en el Bío Bío, la seremi de Gobierno dijo que las desvinculaciones no han afectado a funcionarios de carrera.
El tema de las desvinculaciones o despidos de funcionarios públicos es conocido y sale a colación cada cuatro años, particularmente, con el cambio de cada administración de gobierno. Hasta ahora las reacciones habían sido esporádicas, pero todo cambió a partir del martes recién pasado, cuando en la hora de incidentes de la Cámara, el diputado del Distrito 21, Manuel Monsalves (PS), aludió al tema.
Y no fue a título personal. El parlamentario, tal como lo mencionó en su alocución, habló a nombre de toda la oposición (los partidos de la ex Nueva Mayoría y los del Frente Amplio), solicitando información al Presidente de la República y los ministerios “que corresponda” sobre los despidos que se han producido desde el 12 de marzo.
Monsalve explicó que lo anterior fue el resultado de las conversaciones sostenidas con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
“Nos preocupa que a tres meses de la instalación del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, más de mil funcionarios a contrata, a honorarios y otros sujetos a metas, se les haya notificado del término de sus contratos en distintos servicios públicos o se hayan visto obligados a renunciar”, sostuvo Monsalve.
El diputado socialista dijo que los funcionarios despedidos, muchos de ellos, llevaban 15 o 20 años de servicio, con buenas calificaciones, y en algunos casos, a solo diez meses de jubilar.
La solicitud fue votada y se aprobó con el apoyo de 76 parlamentarios, una abstención y 30 rechazos.
Consultada sobre el tema, la presidenta regional de la Anef, Lorena Lobos, comentó que en el Bío Bío existen 40 casos y, si bien la cifra puede parecer baja, lo grave es que en todos existen irregularidades. Dijo que los casos a nivel nacional sobrepasarían los 700 y, justamente por las diferencias que existen en la información, espera se pueda clarificar.
“Los despidos en la Región, a honorarios y contrata, que alcanzan los 40 casos, tienen la característica de ilegal. Cada afectado ha presentado recursos antes justicia y pronunciamientos de Contraloría. Estamos a la espera de esos resultados”, comentó la dirigenta.
Comentó que la mayoría de los casos se dan en las secretarías ministeriales de Educación, Bienes Nacionales, de Vivienda y Urbanismo, el Injuv y el Gobierno Regional.
A pocos días de asumir la actual administración regional, la directiva de la Anef en el Bío Bío se reunió con el intendente Jorge Ulloa y, entonces, recordó Lobos, se pidió coherencia entre el discurso y la acción. Lo anterior, es lo que la dirigencia echa de menos.
“Lo que ha ocurrido es que se han despedido personas y se han reintegrado a otras con militancia política del gobierno de turno que han sido ‘ex algo’. Es decir, fueron candidatos o jefes de gabinete en otros gobiernos. Entonces, por un lado, tenemos el discurso de sacar la grasa del Estado, pero estamos incorporando personas con un componente político importante a realizar trabajos profesionales o técnicos”, comentó Lobos.
La preocupación de la dirigenta tiene que ver, además, con merma de recursos fiscales, pues cada funcionario mal desvinculado implica el pago de una indemnización, todo en medio de recortes presupuestarios impulsado por Hacienda.
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, comentó que las desvinculaciones en la Región han obedecido a decisiones políticas y que ningún funcionario de carrera ha sido afectado.
“El Presidente Sebastián Piñera tiene un compromiso absoluto con los funcionarios públicos. Pero sí creemos que las personas que entraron por confianza política en el gobierno anterior, deberían haber dado un paso al costado”, manifestó Parodi.
La vocera del Gobierno Regional dijo que tampoco se podía desconocer que, a fines del año pasado, hubo un incremento en las contrataciones de funcionarios públicos. De todas maneras, insistió, en que las personas desvinculadas no son funcionarios de carrera.
“Sería de toda lógica que las personas que no adhieren o no están alineados con este nuevo gobierno, que evidentemente viene con un proyecto político y social que es diferente, hubieran dado un paso al costado para permitir la correcta la instalación de esta administración”, manifestó.
Agregó que las personas que sientan que han sido afectadas están en su derecho a recurrir a las instancias pertinentes, no obstante, aseguró que “tenemos la claridad de que nos hemos basado en la normativa vigente”.