Desde la visita a Ñuble del ministro de Agricultura, Antonio Walker, la modificación del proyecto de reforma al Código de Aguas, que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Congreso, es un tema que comienza a protagonizar el debate. Ello, luego que el Ejecutivo anunciara el envío de indicaciones para asegurar la certeza jurídica a los dueños de derechos de aprovechamiento de aguas, aspecto cuestionado en la reforma patrocinada por el gobierno de Bachelet.
Al respecto, el senador Felipe Harboe (PPD) advirtió que “no tenemos ninguna información del Gobierno respecto a las modificaciones que pretende hacer (…). Mañana (ayer) tenemos reunión de la Comisión de Agricultura así que esperamos tener esa conversación”, agregó.
“Esto es un todo, en esto no se puede sólo avanzar en la temporalidad”, dijo respecto a los derechos de agua, “ni dejar ningún tipo de discusión respecto de, por ejemplo, lo que va a pasar con el agua para consumo humano. Si vamos a modificar el Código de Aguas, hay que hacerlo de una manera orgánica y armónica”, enfatizó.
Harboe subrayó que “por un lado, se necesita estabilidad en los derechos y, por otro lado, hay quienes se dedican a especular y lucrar con los derechos de agua que el Estado otorga gratuitamente”, afirmó. “Igualmente debe tener algún grado de sanción, es mejor no contemplar como sanción la caducidad de los derechos de agua, sino aumentar las multas; lo que pasa es que la gente que paga multa, las descuenta de gastos, de impuestos, entonces me parece que eso es una frescura”, expresó.
Asimismo, el diputado Jorge Sabag (DC) advirtió que “yo desconozco específicamente la indicación que va a presentar el Gobierno, solamente los anuncios que hizo el ministro de Agricultura cuando estuvo en San Carlos”.
“Me parece bastante razonable, puesto que la reforma al Código de Aguas como la planteó el Gobierno anterior y que yo rechacé, era cambiar la propiedad del derecho de aprovechamiento de aguas por una titularidad”, explicó, “es decir, las personas dejaban de ser propietarios y pasaban a ser titulares de una suerte de concesión, y eso introducía una incertidumbre muy grande en la agricultura”, señaló.
El diputado criticó que “se decía de palabra que los derechos constituidos válidamente se iban a respetar, pero esa situación no quedaba clara puesto que igualmente podía operar la caducidad, por eso yo creo que es muy oportuno que el Gobierno resuelva esta incertidumbre, porque la actividad agrícola es una actividad tremendamente incierta, que tiene que lidiar con el clima y con varias otras situaciones e introducir ahora otra incertidumbre, me parecía grave”. (La Discusión)