Los principales afectados seguirán siendo los 96 funcionarios a contrata desvinculados, a los que se sumarán a contar del viernes, quienes se trabajan a honorarios.
“Inútil”, “inepta”, “porfiada” y “llevada a su idea” fueron parte de los apelativos que recibió la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, por parte de los concejales de la comuna en una nueva sesión de concejo municipal de la comuna, en donde se analizó un aumento presupuestario por $1.072 millones.
Los ánimos para esta sesión se encontraban caldeados entre ambas partes, puesto que acusan a la autoridad comunal de no querer llegar a acuerdo alguno con los concejales, mientras que la jefa comunal acusa presiones, cogobernabilidad y que no negociará entre cuatro paredes.
Bajo este escenario, llegó la votación, en donde Torres recibió una serie de argumentos en contra para aprobar la solicitud. De acuerdo al concejal y presidente de la comisión de Hacienda de la comuna, Oclides Anríquez, “el presupuesto no está totalmente financiado, esto se conversó en la comisión con los directores, quienes indicaron se ha hecho el mismo presupuesto por 12 años. Acá, el director de Secplan no asume su responsabilidad, ustedes modificaron el presupuesto y no asumen, con esto demuestran una ineptitud total, se han cambiado capítulos completos del presupuesto y se deben hacer responsable del presupuesto que aprobamos”.
El edil insistió en que el dinero que se necesita para los funcionarios a contrata que poseen confianza legítima son $180 millones y no el monto solicitado, “esto es una situación que entra en lo kafkiano, es lo relacionado con los 622 millones por percibir. Lo máximo que se ha logrado juntar son 22 millones”.
Ante esto, la alcaldesa Torres insistió en que la ampliación presupuestaria se encontraba dentro de la legalidad vigente, además que se trata de la disponibilidad de los dineros.
Sin financiamiento
Pero el golpe de gracia a las pretensiones de la alcaldesa Torres para poner una lápida al conflicto que mantiene a media máquina la labor municipal vino de un funcionario.
Se trata de Gonzalo Araya, director de Control de la casa edilicia, quien señaló a los asistentes que “no existe un déficit de dineros en la comuna, nosotros desde el primer informe trimestral, entregado en marzo, que hemos informado a la alcaldesa que si el gasto en personal a contrata se sostenía en el tiempo, los dineros llegarían hasta julio. Bueno, me equivoqué en un mes y nos alcanzó hasta agosto”.
El directivo fue tajante en que “hasta el minuto, hemos podido reunir 192 millones de pesos, por lo que en tres meses es casi imposible alcanzar la cifra de $622 millones que pide la alcaldesa”.
Tras dos horas de discusión, la determinación fue unánime, los siete concejales presentes, sólo faltó Luis Isla, fue rechazar la propuesta, mientras que la única positiva fue la moción de la alcaldesa Katherine Torres.
Menos personal
La determinación del concejo cayó como balde de agua fría en la autoridad comunal, puesto que esperaba alguna solución.
Torres acusó que “existe una arbitrariedad al rechazar esto y se demuestra que a ellos los mueven otros intereses y no el bienestar de la comuna. Nosotros como administración vamos a evaluar los pasos a seguir para no perjudicar a nuestros vecinos. Debemos velar por la continuidad de nuestros servicios”.
La decisión trajo consigo una arista que no se esperaban, puesto que no hay dineros para pagar los sueldos a los funcionarios a honorarios. Como ejemplo de esto, el área de comunicaciones de la casa edilicia se quedará sin personal, situación que se podría repetir en otras reparticiones.