Aunque la iniciativa recobró vuelo tras la Cuenta Pública presidencial, legisladores dan por hecho que el proyecto no tendrá la venia de la mayoría de los senadores.
Pasó casi desapercibida, pero la semana que ya termina, fue una de las más agitadas respecto al debate en torno a la elección directa de los gobernadores regionales en la Cámara de Diputados.
El miércoles, la iniciativa fue largamente debatida y, de hecho, pudo votarse el jueves. No obstante, y pese a que se dijo que la razón se debió a la falta de quórum (la asistencia de miércoles a jueves bajó de 99 a 68 diputados), lo cierto es que existía el acuerdo previo de que se votaría este martes.
Lo más probable es que ese día la iniciativa se apruebe y pase al Senado. Es ahí donde el proyecto corre riesgo, pues mayoría de los representantes, incluyendo algunos casos oficialistas (conocido es, por ejemplo, la oposición del senador del PPD, Felipe Harboe).
Algunos representantes del oficialismo contaron que después de la mención de la Presidenta, Michelle Bachelet, en su Cuenta Pública anual, la iniciativa comenzó a generar mayor consenso al interior del oficialismo.
Sin embargo, “cada día que pasa, la situación cambia. Un día es pienso que la elección efectivamente se hará y otro día, tengo serias dudas”, dijo un fuente.
“Es un hecho que la Cámara de Diputados lo aprobará, la duda es que pasará en el Senado”, reconoció el diputado del Distrito 46, Manuel Monsalve (PS).
En efecto, el Senado podría ser el gran obstáculo, pero no el único. Ello porque durante el debate del día miércoles el diputado de la UDI, Felipe De Mussy, apuntó a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional un artículo transitorio que es parte de la iniciativa.
Según el texto la elección de los gobernadores no se podrá llevar a cabo sin que se haya promulgado, cien días antes de los comicios, el proyecto de fortalecimiento de las regiones (o de traspaso de competencias).
Quedando cinco semanas de debate legislativo, de aquí a que se cumplan los plazos, De Mussy argumentó que en la eventualidad que la iniciativa se apruebe, se hará muy encima del plazo legal de inscripción de candidaturas, las que están fijadas noventa días antes de la elección.
Lo anterior, en opinión del parlamentario gremialista mermaría las opciones de los independientes (que deberían juntar firmas) y también dejaría a los partidos políticos sin la posibilidad de definir sus candidatos en elecciones primarias.
Opiniones
Consultado en su reciente paso por Concepción, el senador de RN, Alberto Espina, quien presidió la comisión de Constitución del Senado, dijo que “sería una grave irresponsabilidad realizar la elección este año”, particularmente, por la falta de atribuciones que tendrán los representantes regionales. En su opinión, ello demuestra el “desprecio de este gobierno por las regiones”.
“Creo que la elección tiene que realizarse con las atribuciones que corresponden, incluyendo del proyectos de rentas regionales que aún no se ha presentado. Además, sacar en tres semanas un proyectos de ley que no ha avanzado en tres años, es engañar a la gente”, dijo Espina, en alusión al proyectos de fortalecimiento de las regiones.
El senador de la Circunscripción Cordillera, Víctor Pérez (UDI), dijo que había tomarse el tiempo necesario para dotar a los gobernadores regionales de las atribuciones que contribuyan a fortalecerlo. Dijo, además, que quienes piden que hay que dar el primer paso, se olvidan que la elección directa de los gobernadores ya está aprobada la Reforma Constitucional.
“Además, hay tres razones que hacen imposible la elección. Uno de los grandes avances para perfeccionar nuestra democracia son las primarias, y de acuerdo a los tiempos, no podrá haber primarias. Segundo, los actuales intendentes podrían ser candidatos, lo que es negativo, pues tienen recursos y estructura. Y tercero, el Servicio Electoral (Servel) ha dicho en todo los tonos que es lo más irresponsable, hacer una modificación electoral en un año, precisamente, electoral”, manifestó Pérez.
La necesidad de avanzar
Pese a lo anterior, Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa, opinó que “es sumamente necesario avanzar en aprobar estos proyectos a la brevedad posible, y que idealmente se pueda implementar este sistema de elecciones de gobernadores regionales a contar de 2017”.
“Es efectivo que hay complejidades y que hay temas que podrían verse afectados, incluso el despliegue de los candidatos. Sin embargo, todo eso pasa a segundo plano frente a la necesidad de las regiones de poder profundizar su democracia y mejorar los sistemas de descentralización para que efectivamente el progreso llegue a las regiones”, agregó Ibáñez.
El representante de la Fundación Participa dijo que “nuestras regiones han sido postergadas de manera permanente y tenemos la oportunidad de darle un nuevo aire y no nos parece justo que tengamos que esperar cuatro años más para que esto sea una realidad”.
Reconoció, no obstante, que no se observa voluntad política para llevar adelante el proyecto, una de las promesas electorales de la Presidenta Michelle Bachelet.
“Vemos que no existe la voluntad política ni los votos para avanzar, y hay que ser súper claros, hay responsables con nombres y apellidos como el senador Felipe Harboe, que pese a que su partido, el PPD, ha estado con las banderas de la regionalización, él ha sido uno de los principales opositores a avanzar en estos proyectos argumentando la falta de traspaso de competencias, pese a estar discutiendo la ley. Felipe Harboe tiene que ser claro y responder frente a su actuar ante las regiones”, emplazó.
Jurel tipo salmón
Claudio Sepúlveda, socio director de BS Abogados, especializado en políticas públicas relacionadas a la descentralización, se mostró más critico, pero también cauto.
“La pregunta es si no estaremos confeccionando el enésimo jurel tipo salmón tan arraigado en nuestro ideario nacional (…). Al día de hoy no quedan claras las reglas del juego, las atribuciones y la capacidad económica que podrá disponer este nuevo cargo”, manifestó el profesional.
Por ello, agregó dijo que cabe preguntarse que dónde queda realmente el concepto de independencia presupuestaria regional.
“Si a cinco meses no existen las reglas claras que determine un cargo, así quienes podrán postular, resulta poco sustentable hacer madurar una fruta antes de tiempo a presión. Es dable esperar con este tipo de leyes exprés una desafección de la comunidad que no ve en esto un espíritu de descentralización serio, sino un corolario más de los deleznables cálculos electorales, que por cierto en el caso sub elite se alejan del bien común de cada región”.