En 2017, las instituciones de educación superior técnico profesional ingresarán a la gratuidad, pero solo aquellas que esta semana presentaron la tramitación para convertirse en sin fines de lucro. Es el caso de Inacap, institución que, en Bío Bío, podría tener a cerca de un 40% de sus alumnos con el beneficio.
En 2017, las instituciones de educación superior técnico profesional ingresarán a la gratuidad, pero solo aquellas que esta semana presentaron la tramitación para convertirse en sin fines de lucro. Es el caso de Inacap, institución que, en Bío Bío, podría tener a cerca de un 40% de sus alumnos con el beneficio.
Tania Merino M.
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El jueves pasado, un día antes del término del plazo impuesto por la ley para el traspaso de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a entidades sin fines de lucro, Inacap ingresó la carta con la manifestación de voluntad y los nuevos estatutos para pasar a formar parte de la gratuidad 2017. Un paso histórico justo en el año en que la institución que encabeza cumple 50 años.
Pese a que su rector, Gonzalo Vargas Otte -también presidente de la red Vertebral, que agrupa a una veintena de instituciones de formación superior técnica del país-, había sido una de las voces más críticas respecto del proceso de reforma y de los requisitos para el acceso al nuevo sistema de financiamiento, decidió desde el principio adscribir a la gratuidad, aunque todavía considera que "existen temas pendientes" .
En el caso de Inacap, la tramitación fue más simple que para muchos de los integrantes de la red, debido a que el IP y CFT están constituidos como sociedades, pero el controlador es una corporación sin fines de lucro. Sin embargo, en otros casos, había instituciones relacionadas y compromisos patrimoniales que no quedaban resueltos, dejando a las entidades en la disyuntiva entre sumarse a la gratuidad, a costa de tener que perder recursos de infraestructura y económicos, o esperar a una pronta mejora de la ley para resolver el traspaso de los activos.
Al respecto Vargas explica que en la discusión de noviembre, el Gobierno se comprometió a instalar mecanismos de convergencia para resolver temas patrimoniales y tributarios y "permitir que esas instituciones sí puedan transformarse".
En términos de lo ya aprobado, el ingeniero agrónomo y master en administración de negocios es claro en señalar que si bien ha habido avances, persisten brechas en materia de financiamiento, especialmente en materia de becas. "Una vez que estén todos dentro de la gratuidad, no hay diferencia entre IPs, CFTs y universidades. El problema se produce particularmente en las becas del sexto y séptimo decil, que no entran en la gratuidad. En ese caso en las universidades tradicionales, y ahora con la legislación para incorporar a universidades privadas, la beca Bicentenario cubre el 100% del arancel de referencia, mientras que la beca para IP y CFT es la Nuevo Milenio que cubre entre la mitad o el 60% del arancel, por lo tanto todavía hay ciertas diferencias, pero 15 años atrás no existía ningún tipo de becas para carreras técnicas", precisó.
– En el caso de las universidades opera una fórmula de arancel regulado que no está claro si este año será la misma, pero que ha generado déficit en algunos planteles. Para ustedes sería la misma, ¿es suficiente para no provocarles pérdidas?
– En general sí, hay algunas diferencias excepcionalmente en algunas carreras, pero en términos generales no se produce este déficit que sí existe en las universidades, aunque no en todas. Lo que ocurre es que muchas universidades no financian solamente docencia, sino también investigación, entonces el arancel regulado no cubre todo el arancel real. El IP y CFT no hace investigación, entonces los aranceles regulados van a ser, en la mayoría de los casos, similares a los reales.
– ¿En qué carreras pudiera generarse déficit?
– Es complejo decirlo porque son estimaciones, no tenemos la información concreta. El Ministerio nos ha dicho que la manera como se realiza ese cálculo la va a dar a conocer posteriormente, pero en términos generales no estamos preocupados porque se produzcan diferencias en los aranceles regulados. Para ninguna institución es un tema grave.
– ¿Cuántos estudiantes de Inacap se verían beneficiados con la gratuidad?
– El cálculo que hacemos es a partir de la información de la Beca Nuevo Milenio, pero esperamos que con gratuidad aumente la cantidad de alumnos de los primeros cinco deciles, estimamos que podrían ser del orden de los 40 mil.
– ¿Qué impacto va a tener el ingreso de Inacap a la gratuidad, en términos de demanda de matrícula, o de crecimiento?
– Para los 40 mil que tengan acceso va a tener un impacto muy positivo. Son alumnos vulnerables, de mucho esfuerzo gente que muchas veces estudia y trabaja. Nosotros tenemos un porcentaje importante de deserción por causa económica, entonces una de las cosas que esperamos es que esto nos ayude a mejorar y con eso las tasas de egreso y de titulación.
Y agrega:
En términos institucionales no debería haber grandes impactos ni positivos ni negativos, porque el Ministerio estableció una tasa de crecimiento de 2,7 anual y ésa es más o menos la tasa que hemos tenido en los últimos cinco años y no estábamos proyectando crecer más rápido que eso. Nuestros planes de desarrollo son más cualitativos que cuantitativos, porque sumando la universidad, ya tenemos más de 120 mil alumnos.
– ¿Y qué pasa con el impacto a las que están en Vertebral y que no se sumaron a la gratuidad?
– Es imposible saberlo, va a depender de cuantos alumnos se vayan a otras instituciones, cuánto crezcan efectivamente las que están en gratuidad. Obviamente lo preferible hubiera sido que todas las instituciones hubieran podido optar y se hubieran establecido los mecanismos de convergencia.
AÑOS DE ACREDITACIÓN
– Para las universidades que entraron a la gratuidad en 2016 las remesas de recursos se han atrasado, si ocurre lo mismo con los IP y CFT. ¿También deberán recurrir a la banca?
-También va a depender de cada institución, pero sí es un problema que los recursos se atrasen, los IP y los CFT en ese sentido no son distintos a la universidades, los sueldos hay que pagarlos todos los meses, la cuenta de la luz, etc.
– Menciona que apuntan a un crecimiento cualitativo. En el caso de la universidad ustedes tuvieron una baja en la acreditación este año… ¿Esperan llegar a los estándares de universidad con más de cuatro años de acreditación?
– Por supuesto, teníamos tres años de acreditación y nos asignaron tres años, presentamos lo que se llama el recurso de reposición y estamos a la espera de que la CNA nos conteste. La verdad es que pudiera ser que nos dejaran con dos o tres años, pero es muy poco probable que nos dejen con cuatro y además ya o cumplimos con los plazos. La voluntad nuestra es trabajar intensamente para llevar a la universidad a los cuatro años de acreditación a lo menos y que en el futuro la esté en la misma situación del IP y el CFT.
– ¿O sea optar también a la gratuidad?
– Claro, porque para nosotros no tiene mucho sentido que el IP y la universidad tengan distintos tratamientos, porque al final la calidad es igualmente buena en todos. Lo que pasa es que los parámetros que se exigen para las universidades son distintos, en investigación carrera académica, lo que no necesariamente está vinculado a la calidad de los programas de estudios. Si es que nos mantienen los dos años, nos tocaría la reacreditación en 2018.
– ¿Qué debiera pasar con los IP y CFT que no están acreditados?
– La postura nuestra ha sido que la acreditación debe ser obligatoria.
– ¿Y por un mínimo de años?
– Lo relevante es que esté acreditada o no, no tanto los años. Se ha planteado una cantidad de años, pero eso hay que definirlo muy bien, porque hoy día no hay una claridad entre qué hace la diferencia entre dos, tres o cuatro años de acreditación… El umbral de estar acreditado es más claro, siempre la postura nuestra es que la acreditación debiera ser obligatoria y establecer un paso, una transición para ello y la propuesta nuestra es que quienes no obtienen la acreditación no es que se cierran sino que pierden la autonomía y vuelven a la supervisión del Consejo Nacional de Educación.