Ana Araneda Gómez
Doctora en Ciencias Ambientales
Cada vez que Chile enfrenta una desaceleración económica reaparece la misma promesa: destrabar inversiones, acelerar proyectos y reducir tiempos de tramitación para impulsar el crecimiento. Hoy, bajo el discurso de la reconstrucción y la reactivación económica, vuelve una discusión delicada: cuánto estamos dispuestos a flexibilizar estándares ambientales y debilitar la sostenibilidad en nombre del desarrollo.
El problema no es reconstruir. Chile necesita empleo, inversión y dinamismo productivo. El problema comienza cuando la urgencia económica se transforma en una excusa para debilitar herramientas de sostenibilidad que existen precisamente para proteger ecosistemas, territorios y comunidades.
Muchas de las medidas impulsadas bajo esta lógica apuntan a reducir plazos, simplificar evaluaciones y limitar mecanismos de reclamación. Y aunque la llamada “permisología” se ha instalado como el gran enemigo del crecimiento, pocas veces se reconoce que muchos permisos existen porque el país aprendió muchas veces mediante crisis ambientales que prevenir siempre será más barato que reparar.
Un permiso ambiental no es burocracia inútil. Es una barrera mínima de protección para las personas, el agua y los ecosistemas. La discusión se vuelve aún más compleja en regiones como la Región del Biobío, donde conviven actividades forestales, industriales, portuarias y acuícolas en territorios altamente presionados ambientalmente. Aquí, acelerar proyectos sin fortalecer fiscalización ni capacidades técnicas del Estado puede transformarse en una receta para aumentar conflictos socioambientales. Existe además un punto especialmente sensible que ha quedado fuera del debate público: el impacto que una flexibilización ambiental puede generar sobre la piscicultura y la acuicultura continental.
Chile ha construido parte importante de su economía exportadora sobre actividades que dependen de la calidad del agua y ecosistemas sanos. La salmonicultura genera exportaciones por sobre los US$6.000 millones anuales, pero hoy enfrenta amenazas crecientes asociadas al cambio climático, como aumento de temperatura del agua, menor oxígeno y proliferación de enfermedades.
No existe sostenibilidad posible ni producción acuícola sostenible en ecosistemas degradados. La paradoja es evidente: en nombre de la reactivación económica podríamos terminar debilitando las bases ecológicas que sostienen parte importante de nuestra economía futura.
Chile necesita modernizar su institucionalidad ambiental y mejorar eficiencia en la evaluación de proyectos. Pero eficiencia no puede transformarse en sinónimo de menor protección ambiental ni debilitamiento de la sostenibilidad. Porque reconstruir un país no debería significar retroceder en los estándares que protegen su agua, sus ecosistemas y su futuro.