A partir de este sábado 20 de mayo comenzó a regir la nueva Ley de Pensión de Alimentos, también conocida como Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric que busca efectuar la persecución del patrimonio del deudor para dar solución concreta a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y así dar término a la violencia económica sobre las madres.
Ante este hito, el mandatario afirmó que “tenemos una buena noticia para muchas madres y para niñas, niños y adolescentes que están bajo su cuidado. Por fin, después de mucho tiempo entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos”.
“La Ley de Responsabilidad Parental impulsada por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y reconocida por nuestro Gobierno y por las parlamentarias también aquí presentes, nos hace dar un paso hacia un mínimo de justicia para esos niños, niñas, jóvenes y para quienes los cuidan, que hoy son víctimas de irresponsabilidad o de la violencia económica, porque el pago oportuno de la pensión es un derecho de quienes cuidan y es un derecho de los hijos e hijas”, añadió el jefe de Estado.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que “conocemos el dolor de esas madres que han vivido violencia económica y que han visto cómo se vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes. Precisamente a ellas, a esas madres y cuidadoras, les podemos decir que desde este sábado contarán con un mecanismo concreto y una solución real para buscar el patrimonio del deudor y pagar las deudas de pensión de alimentos”.
La nueva normativa tiene como objetivo establecer un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos, mejorar el acceso a la información financiera de los deudores, y garantizar que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad, informaron desde el Ejecutivo.
“Para ello, se deberán seguir cuatro pasos fundamentales, pedir al Tribunal que “liquide la deuda”, congelar las cuentas del deudor, realizar la búsqueda del patrimonio y pago de la deuda, y finalmente el pago con fondos de las AFP”, precisaron desde el Gobierno.
