Preocupación mostraron diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el nuevo proceso de expulsión de migrantes, desarrollado el sábado 6 de junio en Chile.
Fueron la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Oficina Nacional en Chile de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chile, las que expresaron su rechazo a lo registrado en el Aeropuerto de Santiago, donde 56 personas fueron deportadas, de acuerdo a lo precisado por el Gobierno.
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— UNICEF Chile (@UnicefChile) June 8, 2021
Ministro @RodrigoDelgadoM, subse @GalliJF y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, asistieron al operativo de expulsión de 56 ciudadanos extranjeros. La #NuevaLeydeMigraciones busca un proceso ordenado, seguro y regular para quienes ingresen a Chile. pic.twitter.com/8nLFS1iBAN
— Min. Interior Chile (@min_interior) June 6, 2021
“Al llevarse a cabo el proceso de expulsión durante el fin de semana, se limita el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida, considerando que varias de ellas fueron expulsadas, a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución en los tribunales correspondientes. Asimismo, en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares”, manifestó la Unicef a través de un comunicado.
A su vez, el organismo internacional añadió que “reconociendo y respetando la soberanía del Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso al territorio, las agencias señalan al mismo tiempo la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los Derechos Humanos y derecho internacional de los refugiados”.
En este marco, Unicef reiteró que “todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad”.
“Los procesos de expulsión en donde se mezclan tanto personas con órdenes de expulsión administrativas como judiciales, requieren un protocolo de gestión diferenciado. A su vez, la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia y discriminación en las comunidades de acogida al asociar a las personas expulsadas por faltas administrativas con la comisión de delitos”, agregaron en el escrito.
“En el contexto de pandemia por covid-19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes (…) Finalmente, las agencias firmantes reiteran su máxima disposición para colaborar con las autoridades en este asunto”, sentenciaron los actores internacionales en la misiva.