La institución manifestó que Chile cerró 2019 "con la peor crisis de derechos humanos, desde el régimen del general Augusto Pinochet".
Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) volvió a condenar el actuar de los funcionarios policiales en el contexto de las manifestaciones sociales que se han desarrollado en Chile a partir del estallido social, iniciado el 18 de octubre.
El documento que lleva por título “Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019”, señala que “Chile cerró el 2019 con la peor crisis de derechos humanos, desde el régimen del general Augusto Pinochet”. “Las manifestaciones se encontraron con una fuerte represión por parte de las fuerzas del Estado, que intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes, alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo”, consignó La Tercera.
Uno de los capítulos de escrito se refiere a los estados de excepción constitucional que se aplicó en algunas regiones, indicando que “durante ese periodo aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado, y perdieron la vida 31 personas, al menos cuatro de ellas a manos de fuerzas estatales”.
En la misma línea, el análisis habla de “juicios injustos” ocurridos en 2019, entre otros los llevados a cabo a comuneros mapuche, que terminaron con su anulación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh); también sostiene que el año pasado “continuaron llevándose a cabo proyectos industriales sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados”; junto con criticar la implementación de la ley de aborto en tres causales, la que fue calificada como “deficiente” y se indica que “la información a disposición de la población sobre derechos sexuales y reproductivos seguía siendo escasa”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, comentó “no es un buen balance” el de 2019. “Vemos que hay una tendencia que apunta a gobiernos cada vez más intolerantes, cada vez más restrictivos de derechos, y en particular hay preocupación por lo que se refiere al derecho a la protesta y al derecho a requerir asilo. Y, lamentablemente, en ambos temas vemos que Chile también se ha sumado a esa lista de gobiernos intolerantes en que el actuar es represivo”, afirmó la abogada.
“A nosotros nos preocupa y que hemos seguido viendo es que el actuar policial y el actuar del Estado en lo que se refiere a las manifestaciones, y sobre todo desde octubre, apunta muy claramente a evitar que se proteste, a atacar a los manifestantes. Incluso, hemos hablado de una intención de dañar a los manifestantes”, precisó Piquer.
Cabe señalar que el trabajo realizado por el Amnistía Internacional recoge una serie de cifras entregadas por instituciones del Estado respecto de las denuncias por violaciones a los derechos humanos.