Una vez más, los temporales en Chile vuelven a dejar familias damnificadas, caminos cortados, interrupciones del suministro eléctrico y de agua potable, y comunidades enteras aisladas.

No se trata, por cierto, de hechos puntuales ni de fenómenos climáticos esporádicos. Por el contrario, son manifestaciones cada vez más frecuentes de una crisis climática que incrementa la intensidad de los desastres naturales y pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

La evidencia es clara: el modelo actual ya no da abasto. Cada temporada se repite la misma historia, primero ocurre una catástrofe, luego se realiza un proceso de reconstrucción parcial y para entonces, ya nos está tocando la puerta una próxima emergencia, la que nos encuentra nuevamente desprevenidos, sin que podamos anticiparnos a ella y con una reconstrucción a medias.

En definitiva, aunque indispensable, la respuesta institucional resulta insuficiente frente a una realidad que exige mayor prevención, planificación e inversión pública.

Por lo anterior, es que resulta preocupante que la “mega reforma” que hoy impulsa el gobierno promueva una reducción del rol regulador del Estado en materias como la evaluación ambiental y los permisos sectoriales, junto con una mayor participación de certificadores privados. En un país altamente expuesto a desastres naturales, cabe preguntarse si un Estado con menores capacidades preventivas y fiscalizadoras podrá anticiparse adecuadamente a los riesgos y proteger a la ciudadanía.

La orientación general de la reforma privilegia la desregulación y la reducción de controles públicos para acelerar la inversión. Ello compromete las capacidades preventivas del Estado en un contexto donde la gestión del riesgo de desastres requiere precisamente instituciones fuertes, coordinación pública y planificación territorial de largo plazo.

Considerando las necesidades del pueblo chileno y los desafíos que enfrenta el modelo actual, creemos que una reforma venidera debe orientarse al fortalecimiento de las capacidades preventivas de las instituciones, invertir en infraestructura resiliente y robustecer los gobiernos locales. Como sociedad, no podemos permitir que una vez más, el Estado y sus gobiernos lleguen tarde.

Valentina Álvarez Huerta
Colaboradora CEE UdeC