El reciente temporal de lluvia y viento en Chile parece una contradicción en medio de una megasequía histórica, y un déficit acumulado de nieve. Al estar la atmósfera más cálida por el cambio climático, retiene más humedad, provocando que los frentes lleguen potenciados por ríos atmosféricos que descargan grandes cantidades de agua en muy poco tiempo, pero que no soluciona la sequía estructural. Al estar la atmósfera más cálida, tampoco nieva en la cordillera, impidiendo la acumulación de nieve que sirva de reserva para los meses más calurosos. Así, el pronóstico para primavera y verano sigue siendo seco. Estos extremos son nuestra nueva realidad.
Para guiar la política pública frente a este escenario, el Comité Científico Asesor de Cambio Climático (C4) del Ministerio de Ciencia elaboró cuatro informes temáticos sobre cuatro temas clave: salud y clima, que aborda los riesgos directos de las olas de calor y desastres en el bienestar humano; economía circular, en el que propone reducir la presión sobre recursos mediante la eficiencia material; agua, energía y alimentos, que alerta cómo el estrés hídrico pone en jaque la seguridad alimentaria y energética; y océanos, clima y biodiversidad, que nos advierte sobre el calentamiento del mar y la degradación de ecosistemas clave que capturan carbono.
Mientras la ciencia está de acuerdo en la urgencia de proteger los ecosistemas, las propuestas de los actores políticos van en sentido contrario. El proyecto de ley de “reconstrucción nacional” busca debilitar la institucionalidad ambiental, limitar la participación ciudadana y compensar económicamente a proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental (RCA) fueron anuladas por la justicia.
Debilitar la protección ambiental puede causar daños irreversibles en ecosistemas que ya están al límite, y compensar económicamente proyectos con permisos nulos premia las malas prácticas, y puede transformarse en incentivos perversos. Todo ello va en sentido contrario de lo demostrado por científicos de todo el mundo, y específicamente a lo que indican los informes del C4. Es urgente que la política climática nacional se sustente en evidencia científica. Si no, estamos poniendo en riesgo la vida que queremos proteger.
Amaya Alvez Marín
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos