Opinión

Tres presidentes, una pregunta: ¿quién debe tener la última palabra?

Por: Diario Concepción 18 de Julio 2026
Fotografía: Cedida

Yanina Welp
Integrante CEE UdeC

Las primeras décadas del siglo XX plantearon un desafío común para las democracias del Cono Sur: combinar democracia y estabilidad institucional. La ampliación del sufragio incorporaba a nuevos sectores sociales, el orden conservador perdía legitimidad y emergían liderazgos populares. Hipólito Yrigoyen en Argentina, Arturo Alessandri en Chile y José Batlle y Ordóñez en Uruguay enfrentaron ese dilema y ofrecieron respuestas muy distintas que aún hoy ayudan a comprender la relación de estos países con la participación ciudadana.

Yrigoyen llegó a la presidencia en 1916 gracias a la Ley Sáenz Peña. Su triunfo simbolizó el ingreso de las masas a la política, pero esa ampliación democrática no vino acompañada de nuevas instituciones de participación. Cultivó una relación directa con “el pueblo”, apoyada en su liderazgo personal y en decisiones muchas veces discrecionales. Paradójicamente, el primer gran líder popular argentino nunca impulsó consultas populares. Por la misma época, otros líderes seguían caminos diferentes.

En Uruguay Batlle y Ordóñez, inspirado por el modelo suizo, promovió el referéndum y defendió el gobierno colegiado como forma de distribuir el poder y limitar el presidencialismo. Su apuesta respondía a una convicción: una ciudadanía capaz de vetar decisiones podía actuar como contrapeso frente a las élites. Había algo de estratégico también, sin duda, pero la apuesta fue por institucionalizar. Más de un siglo después, esa arquitectura sigue moldeando la política uruguaya.

Chile representa una tercera vía. Alessandri llegó al poder en 1920 en medio de una profunda crisis política. Tras el “ruido de sables” de 1924 convocó un plebiscito para legitimar la Constitución de 1925. A diferencia de Argentina, recurrió a la ciudadanía para resolver la crisis; a diferencia de Uruguay, lo hizo sólo en una coyuntura excepcional. El plebiscito fue un instrumento de legitimación, no el inicio de una mayor distribución de poder y contrapesos.

Los tres casos muestran que la democracia directa puede cumplir funciones muy distintas: convertirse en un poder permanente de control ciudadano, apuntar a legitimar un momento constituyente o quedar fuera del repertorio institucional.

Más de un siglo después, la pregunta sigue abierta: ¿la ciudadanía debe limitarse a elegir representantes o también contar con herramientas para controlar directamente el poder? Representación y participación no son modelos incompatibles, sino un equilibrio siempre inacabado que sigue definiendo la calidad de nuestras democracias.

Texto basado en el libro De Rosas a Milei. Una historia política de la democracia directa en Argentina, de Yanina Welp y María Laura Eberhardt (Editorial Prometeo, 2026).

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