La comunicación humana, además de permitir el intercambio de información, sustenta la vida en común. En el ámbito público su relevancia es estructural, pues a través de la palabra se tejen vínculos, se legitiman decisiones y se ordenan las expectativas. La forma en que la autoridad comunica -discursos, puntos de prensa, informes u otros- constituye una forma de ejercer el poder ya no como individuos sino como órganos del Estado
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Cuando el escenario público se transforma en una trinchera desde la cual el discurso es errático, confuso o visto como un arma para atacar al adversario político, se generan efectos concretos en la vida social, erosionando la convivencia. Incluso cuando más tarde se corrijan palabras imprecisas, se retiren decretos o se intente enmendar algún error, el daño ya está hecho y la confianza rota. Aun cuando esta comunicación deficiente y/o dañina se efectúe a sabiendas, buscando determinados fines, el alcance del daño que genera es real y expansivo, y con un efecto acumulativo en la sociedad. Esta misma erosión de la vida comunitaria ocurre cuando, por ejemplo, una autoridad reduce un problema público a una experiencia personal, o se simplifican hasta el absurdo preocupaciones legítimas y concretas de la ciudadanía, ridiculizándolas.

La comunicación pública, entendida como una práctica institucional, debe observar los mismos estándares que rigen toda la actuación estatal. Esta se debe llevar a cabo respetando el principio de la buena fe, que informa todo el derecho chileno, y que exige coherencia, lealtad y respeto por las legítimas expectativas que la autoridad genera a través de sus actos y declaraciones. Se deben observar a su vez los principios de probidad y transparencia, pilares de las bases de la institucionalidad, que imponen una exigencia de honestidad sustantiva a los funcionarios públicos. La comunicación errática y deficiente profundiza la desafección democrática, fractura la sociedad y daña la democracia, por lo que cuidar la palabra constituye una obligación ética y jurídica de la sociedad toda y especialmente de quienes nos gobiernan. En materia de comunicación pública, el camino no puede desandarse sin dejar huellas profundas.

Florencia Alvez Marín
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos