Viernes 27 de marzo, 10:30 de la mañana en Calama. Una mujer yace muerta en el patio de un colegio. Momentos antes, la mujer intervino para impedir que un estudiante, armado con un cuchillo, atacara a sus compañeros. La prensa ha difundido los detalles de la agresión que se cobró una vida, mantiene en vilo otra y dejó dos heridos de gravedad. La Superintendencia de Educación abrirá una investigación para evaluar los protocolos del establecimiento.
La normativa parece aguantarlo todo. El Reglamento de Convivencia Escolar del colegio detalla en su Artículo 55 que se considera falta grave el porte de armas u objetos cortantes; el Artículo 71 estipula las medidas disciplinarias ante faltas gravísimas. El agresor, un estudiante de 18 años, enfrenta cargos por homicidio y lesiones, mientras que administrativamente arriesga la expulsión. Pero ni la justicia penal ni las sanciones escolares devolverán la vida a la inspectora ni sanarán el trauma de una comunidad golpeada. El daño está hecho. Los protocolos actuales han fracasado y, bajo su lógica vigente, volverán a hacerlo.
El caso de Calama es paradigmático y nos obliga a preguntar: ¿Cómo es que nadie detectó una anomalía en la conducta del estudiante antes de la agresión? Es muy probable que compañeros o profesores detectaran señales de alerta, pero omitieran sus sospechas por temor a que sus observaciones fueran calificadas de discriminatorias o poco inclusivas. La detección oportuna implica prestar atención a los síntomas iniciales de problemas psiquiátricos graves. Este podría ser el núcleo del problema: los actuales protocolos de convivencia son ineficientes porque su marco operativo es reactivo y posterior a los hechos consumados, careciendo totalmente de un enfoque preventivo.
Un enfoque preventivo real implica la identificación temprana de indicadores de riesgo en la salud mental mediante escalas de observación de conducta estandarizadas, completadas por padres, profesores y equipos de apoyo (PIE), con el liderazgo de profesionales de la psicología.
Conductas como el desafío sistemático a la autoridad, el enojo permanente, la intimidación, la crueldad hacia otros o la destrucción de propiedad no son manifestaciones habituales del desarrollo adolescente. Tampoco lo son el aislamiento extremo o el sentimiento de culpa incapacitante. Estos comportamientos son señales de alerta y predictores de agresiones serias en el marco de problemas mentales graves.
Resulta alarmante que estas señales no sean tratadas como urgencias clínicas. Tres factores explican esta carencia: primero, la escasez de instrumentos de evaluación validados en Chile para el contexto escolar; segundo, una visión “políticamente correcta” que intenta resolver problemas de salud mental complejos solo mediante competencias pedagógicas; y tercero, el temor de las escuelas a ser tildadas de segregadoras o poco inclusivas por solicitar evaluaciones psiquiátricas a estudiantes de alto riesgo.
Es urgente superar estas limitaciones. La inclusión no puede ser una barrera para la detección temprana, ni la convivencia escolar puede reducirse a un listado de sanciones a posteriori. Necesitamos ciencia y prevención en las aulas. Literalmente, hay vidas en juego.
Dr. Sergio Gatica Ferrero
Investigador Centro de Investigación en Educación y Desarrollo UCSC