Marcelo Sánchez
Fundación San Carlos de Maipo
El 20 de noviembre en 1990, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, adquiriendo el compromiso de que pudieran crecer protegidos, amados y con oportunidades reales. Más de tres décadas después, esa promesa está muy lejos de la realidad, no obstante, el compendio de leyes especializadas que no han provocado el cambio sustantivo esperado, en parte por el aumento de factores de riesgo, como también por la incapacidad desde el Estado y los Garantes para ello. Nacen menos niños y lo hacen en condiciones de mayor complejidad, su desarrollo enfrenta desafíos no cubiertos con altos niveles de exclusión social, marcando desigualdades desde el primer día.
El Servicio de Protección especializada enfrenta una de las peores crisis en la provisión de oferta con listas de espera que son 5 veces a las que había en 2021, afectando a cerca de 50 mil niños, aumenta la institucionalización de lactantes y menores de 24 meses en residencias, pese a la ley que obliga su desinternación. La explotación sexual infantil -se estima- afecta a cerca de 4 mil niñas y las denuncias se han más que duplicado en los últimos 5 años, 14 mil niños siguen sin oferta en salud mental. Aumenta sostenidamente la violencia escolar, desertan cada año cerca de 50 mil niños y hay 900 mil en grave riesgo de ausentismo crónico, la cobertura en educación inicial retrocede, justo cuando se hacen más necesarios los espacios de estimulación temprana. Cada 5 días muere asesinado un niño y cada hora se reciben 5 denuncias de abuso sexual infantil. La pobreza, lejos de disminuir, mantiene a uno de cada cuatro niñas y niños atrapados en vulnerabilidades que condicionan su futuro, antes incluso de aprender a caminar, con marcadas diferencias territoriales, como sucede en las regiones de La Araucanía, Maule y Biobío, donde son aún más profundas. El trabajo infantil, que debería ser historia de otros tiempos, resurge en las cifras de la EANNA 2023. 6 de cada 10 padres y cuidadores valida el castigo físico y mental a los niños como forma de ejercer autoridad. Y aunque la inversión pública en infancia parece aumentar en algunos segmentos, lo hace demasiado lento para detener el deterioro en sus espacios protectores en la familia, en la escuela y en la comunidad.
El sistema de cuidados continúa tensionado: familias carentes de apoyo, comunidades sin programas preventivos de adecuada cobertura y con evidencia suficiente, mientras niños y adolescentes están insertos en entornos inseguros, las políticas llegan tarde o desarticuladas. El Crimen organizado democratiza la droga y recluta a los niños en sus delitos.
El 20 de noviembre, no es solo una fecha simbólica, sino un llamado urgente a actuar con honestidad y determinación por la niñez en un momento crítico, a dejar de administrar daños y comenzar, por fin, a prevenirlos, a no llegar tarde e impulsar una Agenda Temprana de Prevención Social. Debemos avanzar en construir un país donde el lugar de nacimiento no sea una sentencia y donde el cuidado a la niñez no dependa del entusiasmo momentáneo de la agenda pública. La Convención que celebramos hoy no es un gesto diplomático, es un mandato moral. Una sociedad que busca la justicia, no puede hacerlo sin mirar a los niños, los mismos a quienes nos comprometimos a reconocer y proteger. Un niño, son todos los niños del mundo.