José Ignacio Camus
Director AdmiralOne

Chile empujó una de las reformas penales más ambiciosas de los últimos años. La Ley 21.595 amplió y actualizó el catálogo de delitos económicos, endureció penas e instaló herramientas para pedir trazabilidad y responsabilidad real a las empresas. Si bien esto era necesario, el problema es que mientras el marco se vuelve más exigente, el sistema que debe hacerlo cumplir se queda sin aire.

Hoy convivimos con causas complejas (corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, entre otros) y un Poder Judicial, Fiscalía y órganos de control que arrastran sobrecarga, vacantes y tecnología que no alcanza. La señal es contradictoria, prometemos más control, pero con menos capacidad para ejercerlo. Esa brecha no es técnica; es política.

El presupuesto lo confirma. En un escenario fiscal estrecho, se priorizan partidas sociales (correcto), pero se recorta o estanca la musculatura que sostiene el Estado de Derecho. Así es imposible que la reforma aterrice en tiempos razonables. Más normas, mismos cuellos de botella, con salas saturadas, equipos que no dan abasto, sistemas que no conversan entre sí. La consecuencia es crónica anunciada. Investigaciones que se alargan, cautelares eternas, juicios que no llegan y una ciudadanía que deja de creer.

No se trata de pedir cheques en blanco. Se trata de coherencia. Si el país exige modelos de prevención, debida diligencia, trazabilidad del beneficiario final y evaluaciones externas en el sector privado, el sector público debe jugar con el mismo estándar, gestión por datos, interoperabilidad, métricas de desempeño y rendición de cuentas. Más jueces y fiscales donde la carga lo justifica, analítica para priorizar casos, plataformas que integren policía, fiscalía, tribunales y reguladores, y unidades especializadas que no vivan de parches.

También hay espacio para eficiencia, audiencias agendadas con gestión activa, peritajes estandarizados, plantillas probatorias para delitos económicos, compras T.I´s coordinadas y un tablero público que muestre tiempos, cuellos de botella y resultados por región. Transparencia que incomoda, pero ordena.

Viene la Ley de Presupuestos 2026. Ahí se verá si el discurso de probidad y persecución penal es prioridad o es consigna. No alcanza con “modernizar” por decreto si el presupuesto no acompaña. Sin recursos humanos y tecnología, la mejor ley se convierte en promesa incumplida.

Este no es un llamado dramático; es práctico. La corrupción y el crimen organizado no esperan ciclos económicos ni calendario electoral. O financiamos la capacidad real del sistema (personas, procesos y tecnología) o seguiremos acumulando normas que suenan bien y fallan donde importa: en la calle, en la audiencia, en la sentencia.