Claudia Cerda Inostroza
Arq. Urbanista Dra(c) en Estudios Territoriales Sur Global (DETSUR)
Colaboradora Colectiva Justicia en DD.HH.

Actualmente, en el Área Metropolitana de Concepción se desarrollan de forma paralela diferentes instancias de planificación urbana, tanto metropolitana, como comunal. La simultaneidad de procesos genera un escenario donde distintas lógicas de ordenamiento se entrecruzan. En este contexto los procesos participativos cobran especial relevancia, ya que han sido promovidos como mecanismo clave para democratizar la toma de decisiones territoriales. Sin embargo, en la práctica, estos espacios suelen reproducir desigualdades, especialmente cuando el tecnicismo y la semántica utilizada se convierten en barreras para el entendimiento y la participación efectiva de la comunidad. Lejos de generar diálogo, muchas veces se consolidan como instancias unidireccionales, donde el saber experto predomina y el saber territorial es disminuido.

Conceptos como “instrumento normativo”, “zonificación”, “áreas verdes” o “riesgos” se utilizan con naturalidad por parte de técnicos y planificadores, pero no siempre son comprendidos por quienes habitan y construyen cotidianamente esos lugares. Esta brecha semántica genera una falsa participación, donde las comunidades no acceden a la misma información ni pueden incidir plenamente en decisiones que las afectan directamente. La planificación, entonces, más que construir consensos, reproduce jerarquías de conocimiento.

Superar estas tensiones implica revisar críticamente qué se dice y cómo hablamos del territorio. No se trata únicamente de traducir palabras técnicas, sino también reconocer la validez de otras formas de nombrar, sentir y proyectar los espacios comunes. El lenguaje no es neutral; quien nombra, define; y quien define, ordena el territorio. Por ello, es urgente que los instrumentos de planificación se abran a la pluralidad de voces y lenguajes, fomentando procesos diálogos justos.

Por eso, es importante reconocer que la semántica no es neutra, sino que refleja relaciones de poder, es este el primer paso para avanzar hacia una planificación urbana más inclusiva, que no solo escuche a las comunidades, sino que también hable con ellas en un lenguaje compartido.