Roberto Herrera Cofré
EAN UdeC
La literatura reciente sobre desarrollo territorial ha avanzado hacia un consenso: la innovación y el progreso no dependen únicamente del Estado ni del mercado, sino de la interacción entre múltiples actores. Este principio se formaliza en el modelo de la Cuádruple Hélice (4H), una evolución de la tradicional Triple Hélice que integraba solo a gobierno, academia y empresas, y que hoy incorpora a la sociedad civil como actor con voz y agencia en la definición del desarrollo local.
El concepto tiene su origen en los trabajos de Etzkowitz y Leydesdorff (1995) y fue ampliado por Carayannis y Campbell (2009), quienes destacaron que la ciudadanía, a través de organizaciones sociales y medios de comunicación, cumple un rol central en la co-creación del conocimiento. La 4H busca democratizar la innovación, pasando de un modelo jerárquico de planificación a uno basado en la colaboración y el aprendizaje compartido.
Implementar este enfoque requiere un cambio institucional profundo. Para que las cuatro hélices funcionen, se necesita una gobernanza articulada donde el sector público, en todos sus niveles, actúe como mediador entre intereses públicos y privados; una academia vinculada al territorio, capaz de traducir investigación en soluciones aplicadas; empresas comprometidas con la sostenibilidad y el capital humano local, y una sociedad civil propositiva, con espacios reales de participación. Sin embargo, nada de ello será sostenible sin la construcción de confianza entre los actores. La colaboración efectiva no se decreta: se cultiva con tiempo, transparencia y reciprocidad.
Una crítica frecuente a la Cuádruple Hélice es que, en su versión “importada”, tiende a replicar estructuras de países con mayores capacidades institucionales. En regiones que aún están en proceso de consolidación de sus gobiernos intermedios —como Ñuble—, el riesgo es creer que basta con crear mesas o consejos consultivos para hablar de gobernanza colaborativa. Su instalación efectiva exige una estrategia secuencial: primero, diagnosticar los ecosistemas existentes; luego, fortalecer las capacidades del sector público como articulador, generando equipos técnicos que sostengan procesos estables y una gestión más ágil; y, en tercer lugar, impulsar plataformas de innovación abierta, donde universidades y empresas compartan información y resultados. En esa línea destaca el Distrito de Innovación UdeC–GORE Ñuble, que busca consolidar un espacio permanente de interacción entre academia, sector productivo y comunidad.
El desafío es pasar de la cooperación ocasional a la institucionalización de una gobernanza 4H basada en la confianza mutua, con objetivos comunes, métricas claras y liderazgo político sostenido. Quedan, por tanto, preguntas inevitables para los incumbentes: ¿Está el sector público preparado para ejercer un rol articulador sin caer en la lógica de los proyectos aislados? ¿Están las universidades dispuestas a reformular sus incentivos para vincularse efectivamente con el territorio? ¿Están las empresas locales listas para invertir en conocimiento y no solo en infraestructura? Y, sobre todo, ¿estamos como ciudadanía dispuestos a participar en la definición de un modelo de desarrollo que nos involucra a todos?