Sindy Salazar
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos
No es sólo un tema judicial, sino de confianza pública. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegal la intervención telefónica a Josefina Huneeus y provocó la remoción del fiscal Cooper, revela un patrón alarmante: el uso indebido del aparato penal, donde las filtraciones selectivas son herramientas del poder. Y es que no se trata de incidentes aislados; son operaciones que reemplazan juicios por titulares y presunción de inocencia por linchamiento mediático. Hablamos de una línea sistemáticamente traspasada, con intervenciones intrusivas, filtración de antecedentes reservados y exposición mediática desproporcionada.
El sistema penal, diseñado para garantizar la justicia, se utiliza para condicionar el debate público y golpear figuras políticas. Esto no es nuevo. Lo vimos con la difusión de información sin contexto de Giorgio Jackson, o la filtración de conversaciones personales de Karol Cariola e Irací Hassler. Todas estas filtraciones, que golpean al mismo sector político, vulneran derechos fundamentales y destruyen confianzas.
Porque aquí está en juego un derecho fundamental: el derecho al debido proceso, que garantiza constitucionalmente que toda persona será juzgada con imparcialidad y sin presiones externas. Las filtraciones selectivas, al “pre-condenar” públicamente antes del juicio, afectan la presunción de inocencia y convierten el proceso penal en un espectáculo.
La justicia no puede funcionar con reglas distintas según el color político del imputado. No podemos tener un Ministerio Público que investiga filtrando y un aparato mediático que sentencia sin pruebas. Lo ocurrido es grave, pero más grave aún sería no entender lo que hay detrás: un modelo de justicia colonizado por los medios y la filtración como estrategia política.
Las filtraciones no son solo errores, son herramientas del poder que usan fragmentos de verdad para construir condenas anticipadas. Su resultado es la desconfianza de la ciudadanía, y sin instituciones mínimamente confiables, ningún país puede abordar sus grandes problemas: desigualdad, crecimiento, seguridad. Cuando se pierde el debido proceso, no se avanza en la investigación, se golpea la democracia.