Pocas informaciones han tenido tanta relevancia recientemente para la región del Biobío y sus vecinas como la publicación del informe final de la “Comisión para la Paz y el Entendimiento”. Este organismo fue convocado por iniciativa presidencial en junio de 2023, con el objetivo expreso de “asesorar al presidente de la República en la construcción y consolidación de una solución de largo plazo, por una vía institucional y legítima, al conflicto sociohistórico en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.” Conformada por representantes de diversos sectores sociales y políticos, la comisión aprobó por amplia mayoría un documento que contiene aspectos relevantes no solo para los organismos estatales y los representantes de pueblos originarios que participaron en su elaboración, sino para toda la sociedad. Especialmente, para las regiones directamente involucradas en el diagnóstico, el debate y las medidas propuestas.
Esta instancia, con varios antecedentes en nuestra historia reciente, desarrolló su labor en torno a cinco ejes: Justicia y Reconocimiento; Reparación Integral a todas las Víctimas; Tierras y Territorio; Institucionalidad; y Desarrollo Territorial. En este último ámbito, sin desmerecer la importancia de los otros, el informe incluye iniciativas como planes, medidas de fomento y mecanismos de coordinación entre organismos públicos, privados y comunidades, que podrían desempeñar un papel clave en una reconciliación efectiva y justa de este conflicto de larga data. El mismo informe reconoce que los conflictos económicos y de desarrollo, así como el rezago de estas regiones y ciertos sectores sociales, constituyen una dimensión crítica del problema que se busca abordar.
Entre las medidas recomendadas figuran la implementación de un Plan de fortalecimiento de infraestructura pública en las cuatro regiones consideradas; la creación de espacios de comercio y desarrollo económico local con enfoque intercultural; la modernización de los instrumentos de fomento agrícola; la ejecución de un Plan de reactivación económica, y el fortalecimiento de la educación técnico profesional. Estas acciones no solo apuntan a las expresiones más visibles de la crisis social y las divisiones históricas, sino también a problemas estructurales del modelo de desarrollo y a la postergación que han permitido la persistencia del conflicto hasta hoy. Es indispensable que estos componentes se difundan y discutan para alcanzar la implementación de estas y otras medidas pertinentes. Este debate debe incluir no solo a los organismos participantes de la Comisión, sino también a las comunidades urbanas y rurales, a los pueblos originarios y a los poderes locales de las regiones involucradas.
Rodrigo Castillo Jofré
Abogado y Magíster en Derecho Público
Colectiva- Justicia en Derechos Humanos