De forma silenciosa, en la Región del Biobío avanza un proceso clave para entender su historia arquitectónica: la actualización del Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que busca renovar el catastro vigente desde 2001, con más de 600 bienes registrados, y ampliarlo incorporando nuevas tipologías.

Ese universo reúne construcciones y espacios de distinta índole: desde viviendas históricas y estaciones ferroviarias hasta conjuntos industriales e hitos urbanos. Entre ellos figuran la Casa Schulmeyer en Contulmo, el Deportivo y Cine Bellavista —conocido como Gimnasio Werner— en Tomé, la estación de Coihue en Negrete, el Mirador Alemán sobre el cerro Caracol, las ruinas del complejo Enacar en Lota, el Mercado Central de Concepción, la Casa de la Cultura de Yumbel y el campus de la Universidad de Concepción.

Ahora, el nuevo estudio —que se desarrollará hasta octubre de 2027— proyecta ampliar ese listado a cerca de 742 inmuebles, lo que representa un aumento en torno al 20%. La actualización incorpora además nuevas miradas sobre el patrimonio, sumando categorías como el patrimonio industrial, la arquitectura moderna y los sitios de memoria, con miras a fortalecer su uso como herramienta para la planificación del territorio.

El proceso contempla trabajo en terreno, levantamiento fotográfico y georreferenciado, revisión de archivos y la sistematización de información hoy dispersa entre municipios, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y otros organismos públicos, con miras a construir una base de datos integrada que permita caracterizar los inmuebles según su estado de conservación, tipología y contexto local.

Consultados por Diario Concepción, desde la Dirección de Arquitectura y la Unidad de Patrimonio del MOP señalaron que el proceso se encuentra actualmente en su segunda etapa. “En este momento la consultora a cargo está trabajando en el 50% de los casos”, indicaron, agregando que esta fase tiene su entrega proyectada para mayo de 2026.

Según plantean, dicho trabajo tiene como base la comuna de Concepción, extendiéndose hacia buena parte del área metropolitana —con excepción de Penco y Tomé, por su condición de zona de catástrofe— y alcanzando comunas como Lebu, Yumbel, San Rosendo, Cabrero y Laja.

Asimismo, explicaron que el componente participativo ya completó su fase informativa en las tres provincias, con actividades presenciales y online. “Estos espacios con la ciudadanía continúan en tres fases más: actividades de encuentro (talleres), de validación y una actividad de cierre”, detallaron, subrayando que será en esas instancias donde la comunidad podrá presentar “casos representativos e identitarios”.

En cuanto a su alcance, precisaron que el inventario no implica por sí mismo protección legal ni financiamiento para los inmuebles registrados, sino que constituye una base de información para futuras decisiones. En esa línea, destacaron que permitirá su integración en instrumentos como planes reguladores, así como en procesos de priorización de inversión pública o eventuales mecanismos de protección.

 

Metodología en detalle

Respecto al levantamiento en terreno, este se realiza mediante inspecciones visuales no invasivas, apoyadas en herramientas digitales de registro. “Siempre es una inspección visual… no se tocan los inmuebles”, explicó la arquitecta y coordinadora general del estudio, Jocelyn Tillería, integrante de la Fundación Territorios Patrimoniales, precisando que el diagnóstico se efectúa desde el exterior y sin ingreso a las edificaciones.

En coherencia con esa metodología, el registro se levanta a través de formularios digitales vinculados a sistemas de georreferenciación, detalló Tillería, agregando que cada inmueble es caracterizado con un alto nivel de detalle: “Estamos hablando de 128 campos a rellenar por cada caso”. Parte de la información se recoge en terreno y otra se completa posteriormente, antes de su validación final.

Asimismo, explicó que el proceso permitirá registrar la evolución del patrimonio desde el catastro anterior. En la práctica, esto implica que inmuebles que hace dos décadas fueron incorporados —como el antiguo Mercado Central de Concepción, severamente dañado tras el terremoto de 2010— hoy podrían figurar como desaparecidos o profundamente alterados en el nuevo inventario.

En esa línea, señaló que experiencias en otras regiones han evidenciado una merma significativa del patrimonio registrado. “Estamos hablando de una pérdida del 20 %”, sostuvo, una tendencia que —según indicó— podría replicarse en el Biobío.

 

Más allá del catastro

Desde una mirada urbanística, el arquitecto y académico de la Universidad de Concepción, Bernardo Suazo, valoró el levantamiento, aunque advirtió sus límites. “Es muy valioso hacer un catastro, pero no basta con decir ‘aquí están los patrimonios’”, señaló, apuntando a la débil articulación entre este tipo de instrumentos y la planificación urbana.

A su juicio, el problema de fondo no es identificar el patrimonio, sino qué ocurre después. “No hay un presupuesto asociado para mantenerlo (…) cuando un particular ve que su propiedad puede ser declarada monumento, la tendencia es a destruirla (…) lo único que estamos haciendo es condenarla a la muerte”, sostuvo, en referencia a las restricciones que impone la normativa y a la falta de incentivos para su conservación.

Para Suazo existe una diferencia clave entre los niveles de protección. Mientras los planes reguladores comunales (PRCs) pueden establecer categorías más flexibles —permitiendo, por ejemplo, intervenciones parciales—, la declaratoria como Monumento Nacional implica un régimen mucho más estricto. “Ahí es otro cuento”, dijo, aludiendo a la complejidad normativa y a los altos costos que puede implicar cualquier intervención.

El fenómeno, agregó, se agrava cuando no existe un plan de uso, mantención o recuperación asociado, pues “no es ninguna gracia declarar patrimonio un edificio que no se esté usando”, comentó, enfatizando que el valor patrimonial también depende de su integración activa en la ciudad. Sin un destino claro, sostuvo, estos espacios tienden a deteriorarse progresivamente.

Como ejemplo, mencionó el caso del Mercado Central de Concepción, cuya declaratoria posterior al incendio —a su juicio— ha dificultado su recuperación. “¿Cuántos años llevamos con el mercado ahí y no pasa nada?”, cuestionó, apuntando a las trabas normativas y a la falta de inversión. Una situación similar, añadió, se observa en el conjunto industrial de Bellavista Tomé, donde la protección no ha ido acompañada de gestión ni uso, derivando en un deterioro sostenido.

En esa línea, Suazo, quien también fue presidente de la Cchc-Concepción, planteó que el desafío no está solo en ampliar los catastros o incorporar nuevos inmuebles, sino en avanzar hacia políticas que aseguren su viabilidad en el tiempo. “No hay nada asociado detrás de eso”, advirtió, insistiendo en que, sin financiamiento, planificación y gestión, estos instrumentos terminan siendo diagnósticos valiosos, pero con un impacto limitado en la conservación efectiva del patrimonio.