Dr. Ricardo Barra O.
Director Centro EULA, UdeC

El financiamiento de la agenda ambiental está alcanzando un nivel crítico a nivel global. La salida de Estados Unidos de importantes acuerdos multilaterales ambientales pone en jaque millones de dólares invertidos por el Fondo para el Medio Ambiente Global, en temas como la protección de la biodiversidad, el combate a la contaminación y el cambio climático. Esta preocupación también se refleja en nuestra región, donde la implementación del Plan Regional de Acción para el Cambio Climático conlleva un costo económico que no solo debe ser asumido por el estado y el gobierno regional.

Es crucial involucrar al sector privado en la implementación y puesta en marcha de estos planes, especialmente en lo que respecta a la mitigación y adaptación a los severos cambios que estamos experimentando. Aunque una estrategia es la exigencia de requisitos legales, impuestos y fiscalización, la evidencia ha demostrado que esto no es suficiente. La voluntariedad es otro mecanismo, pero está limitada a un segmento del sector privado más comprometido con la sostenibilidad.

Los incentivos, considerando el sistema económico vigente, pueden ser más efectivos. Pensar en estrategias de ganar-ganar obliga a considerar cómo implementar estos complejos planes, teniendo en cuenta las necesidades existentes. La idea de ecosistemas de innovación puede ser instrumental para mejorar el financiamiento de acciones que conduzcan a la región a una mejor perspectiva de sostenibilidad ambiental. Desde acciones piloto, como la planta de compostaje de Santa Juana (por ahora sólo con inversión pública), hasta generar una perspectiva sostenible para el plan de industrialización de la región.

En el siglo XXI, enfrentamos muchos desafíos y necesitamos de la inventiva, la colaboración y la acción conjunta para establecer metas más ambiciosas de sostenibilidad regional. La región tiene oportunidades que puede aprovechar mejor. Por ejemplo, contamos con uno de los sistemas universitarios más completos, con universidades de distintas complejidades y capacidades, algunas entre las mejores del país. Este capital social, educativo y cultural debe ser aprovechado promoviendo la colaboración y el potencial de contribución para la financiación público-privada.
Aunque los énfasis son diferentes en ambos casos, pueden perseguir objetivos comunes como adaptarnos de forma más efectiva al cambio climático y reducir los efectos negativos de la pérdida de biodiversidad y contaminación. No debemos desaprovechar estas oportunidades como región.