Carolina Erices
Departamento de Ingeniería Comercial USM

Chile ha sido reconocido históricamente por su disciplina fiscal, sustentada en una sólida gestión macroeconómica que lo diferenció de otras economías emergentes. Sin embargo, los cambios recientes en el panorama económico y social han reconfigurado esta narrativa. En la última década, el crecimiento del endeudamiento público ha generado un debate crucial sobre su sostenibilidad, las prioridades fiscales y las acciones necesarias para evitar que la deuda se convierta en un lastre para el desarrollo.

La Regla de Balance Estructural, implementada en 2001, permitió que Chile enfrentara las crisis de 2008 y 2020 con relativa fortaleza, acumulando ahorros significativos en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Sin embargo, la tendencia se ha revertido desde 2019, cuando una combinación de demandas sociales, bajo crecimiento y la pandemia llevaron a un aumento de la deuda pública.

Según cifras del FMI, la deuda bruta pasó del 25% del PIB en 2018 a un estimado de 40,5% del PIB en 2025. Aunque este nivel sigue siendo moderado frente a economías avanzadas, el ritmo de crecimiento anual, cercano al 4-5% del PIB, y las demandas de gasto en áreas como pensiones, salud y educación representan riesgos importantes.

Adicionalmente, el costo del servicio de la deuda también ha aumentado. En 2023, se destinaron cerca del 9% de los ingresos fiscales al pago de intereses, limitando el espacio para nuevas inversiones públicas.

El manejo de la deuda pública en Chile exige una combinación de estrategias audaces y sostenibles que permitan estabilizar las finanzas públicas sin comprometer el crecimiento económico ni las demandas sociales. A continuación, se presentan cinco ejes estratégicos clave que pueden guiar esta transición hacia un modelo fiscal más robusto y equitativo.

Chile tiene margen para revertir el curso actual, pero el tiempo es limitado. Proyecciones conservadoras sugieren que, sin reformas, la deuda podría alcanzar el 50% del PIB en 2030, comprometiendo recursos clave para las futuras generaciones.

Los casos de éxito en países como Nueva Zelanda y Suecia muestran que las crisis fiscales pueden superarse con disciplina, reformas estructurales y un compromiso con el crecimiento sostenible. Chile debe inspirarse en estas experiencias y actuar antes de que las decisiones sean dictadas por la urgencia.

La deuda pública no es, en sí misma, un problema. Es una herramienta que, utilizada de manera responsable, puede impulsar el desarrollo. Sin embargo, ignorar los riesgos asociados al endeudamiento excesivo puede comprometer la estabilidad económica y social de un país. Chile debe redoblar esfuerzos en consolidar su marco fiscal, diversificar su economía y garantizar que los recursos se destinen a áreas estratégicas. Solo así podrá mantener su reputación de estabilidad económica y cumplir con las expectativas de una ciudadanía que demanda más y mejores oportunidades.

El desafío está sobre la mesa. La pregunta es: ¿actuaremos a tiempo o dejaremos que el peso de la deuda defina nuestro futuro?