Florencia Alvez Marín
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos
El 7 de febrero se publicó el decreto que prorroga el funcionamiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento hasta el 30 de abril de 2025. Su principal tarea es asesorar al Presidente de la República para construir una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos que permita abordar el conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche.
El Gobernador de la Araucanía, René Saffirio, declararía que 2 o 4 meses, o años incluso, valen la pena si se trata de buscar soluciones para un conflicto centenario.
El tiempo es lo de menos, sobre todo si consideramos que el Pueblo Mapuche sabe de esperas.
En 1989, el candidato Patricio Aylwin firmó un acuerdo con representantes Mapuche, comprometiendo la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas. La ratificación del Convenio ocurriría el 2008, y el reconocimiento constitucional aún sigue pendiente.
El año 2003 la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato entregó su informe final al presidente Ricardo Lagos. El propósito de esta Comisión presidencial fue, también, asesorar al Presidente de la República en el conocimiento de la visión de los pueblos indígenas sobre los hechos históricos de Chile, y efectuar recomendaciones para una nueva política de Estado que permitiera avanzar hacia un reencuentro con los pueblos originarios. Como es evidente, ninguna o muy pocas de las decenas de recomendaciones que contiene han sido implementadas.
Estos son solo un par de ejemplos recientes, los que caben en estos caracteres, de las promesas incumplidas por autoridades chilenas en la materia.
En una perfecta analogía del actuar del Estado, mientras esperamos el informe de la Comisión que “busca una nueva forma de relacionarse con el Pueblo Mapuche”, la Ministra del Interior vinculó liviana y cruelmente los recientes incendios de la región de la Araucanía a reivindicaciones territoriales, metiendo en el mismo saco una serie de temas diversos y sensibles, desdeñando un asunto complejo -quizás el más complejo que ha enfrentado Chile en su historia- y que el gobierno declara querer resolver. De este modo no hay informe que sea suficiente.