Florencia Alvez Marín
Abogada-Colectiva Justicia en DD.HH.
El miércoles 17 de abril se rechazó el proyecto que declaraba a los perros asilvestrados como especie exótica invasora.
El proyecto rechazado proponía el control de los perros asilvestrados por parte de la autoridad sanitaria mediante captura, castración o esterilización, además de la instalación de cercos, la rehabilitación y adopción. A su vez apelaba a las normas contenidas en la Ley 19.473, disponiendo que cualquier persona podía cazar a un perro que viviera en estado salvaje sin supervisión o control directo de seres humanos, en zonas no urbanas y a 200 metros de cualquier poblado o vivienda rural.
La evidencia nos demuestra que en Chile hay más de 8 millones de perros, principalmente urbanos, y que se estima que por cada 2,4 perros con dueño hay 1 sin supervisión, según un estudio realizado por la SUBDERE. Y, que si bien la principal amenaza para la flora y fauna nativa sigue siendo el cambio de uso de suelo, la segunda es la presencia de perros. Esto se suma a los ataques de jaurías al ganado y a personas que se han conocido en los últimos años.
La discusión sobre dicho proyecto enfrentó posiciones y sensibilidades. Se afirmó que no se puede apelar a la Ley de Caza, y por ende al criterio de particulares, para controlar un problema que debe ser abordada por el Estado y sus órganos. Por otro lado, se afirma que es un hecho que los perros asilvestrados causas graves perjuicios a la fauna nativa, a la flora, a las actividades de agricultores y a la integridad de las personas, y que es necesario apelar a las herramientas que ya existen en nuestro ordenamiento.
Quizás el único punto de acuerdo es que en la base de la existencia de perros asilvestrados está la tenencia irresponsable de mascotas, que el desarrollo de la normativa no ha logrado modificar.
Se trata de un problema que exige ser abordado desde varias perspectivas y que nos obliga a dejar de lado posturas fundadas en intereses particulares. Se debe conseguir al mismo tiempo educar a la población en la tenencia responsable y proponer soluciones concretas, poniendo en la balanza criterios objetivos y la evidencia que abunda.