En teoría entonces, la abogacía está al servicio del Derecho y, por ende, de la justicia.
Florencia Alvez Marín
Abogada-Colectiva Justicia en Derechos Humanos
Que el comportamiento ético de abogados y abogadas está en entredicho es incuestionable, hoy más que nunca.
Conductas que transitan por una frontera laxa o que derechamente traspasan los límites de lo legal no sorprenden, y la mayoría de las veces quedan sin sanción.
Vale la pena detenerse en el tema, a propósito de la multiplicación de las noticias sobre corrupción, telefonazos y compadrazgos de las últimas semanas, o años.
La profesión de abogado, si bien debe servir a los intereses del cliente, también debe perseguir los fines del Derecho. Si afirmamos que la existencia del Derecho es connatural a la de la sociedad, cabe preguntarse, ¿cuáles son los fines del Derecho?. Esta es una pregunta cuya respuesta ha sido objeto de debate a lo largo de la historia de la filosofía y la teoría jurídica, desde diferentes enfoques. Se ha dicho que su fin es el bien común, la seguridad jurídica, la justicia social, la paz y la justicia, existiendo mediano consenso en que ésta última, la justicia, es su fin principal.
Respecto del alcance del término justicia existen también históricas disquisiciones, que se remontan a la Antigua Grecia. En teoría entonces, la abogacía está al servicio del Derecho y, por ende, de la justicia. El comportamiento ético de los profesionales del derecho es imprescindible para que los valores fundamentales de un Estado democrático se materialicen.
“Clases de ética”, ya nos suena a una burlesca forma de referirse a la sanción aplicada a delitos que defraudan materialmente a algunos, y moralmente a miles. Sin embargo, si estas clases fueran el primer eslabón -y no el último, a modo de sanción- de una cadena virtuosa para transformar a nuestra sociedad en general y a las profesiones en particular, podrían erigirse en pilar fundamental de una convivencia que apunte a realizar y fortalecer los valores de la democracia. Así, educación en todos los niveles para formar, fiscalización para verificar el (in)cumplimiento y sanciones efectivas para penalizar las infracciones podrían encaminarmos a que las profesiones en general, y el rol de abogadas y abogados en particular, no resulten sospechosos o amenazantes ni dependan del teléfono con más contactos, sino que permitan contribuir a la concreción de los fines del Derecho.