RODRIGO CASTILLO JOFRÉ
Abogado, Colectiva Justicia en Derechos Humanos
Las últimas semanas, fuertes lluvias y otros fenómenos asociados a ellas han impactado a diversas regiones del país, incluyendo a Biobío, con las conocidas consecuencias que ello implica, en cuanto a pérdida de vidas y desaparición de personas, además de la pérdida de viviendas y bienes personales, afectación a cultivos, daños a obras públicas, entre otras. Si bien la ocurrencia de este tipo de catástrofes es algo propio de esta época, no es menos cierto que la particular intensidad observada en los últimos años, asociada entre otros factores, al cambio climático,es algo que debe preverse por parte de la institucionalidad pública, nacional y local, y por la sociedad civil en su conjunto, a efectos de mitigar consecuencias lamentables.
Uno de los aspectos claves en dicha tarea, es avanzar en materia adaptación de nuestras ciudades y asentamientos humanos a los efectos de este proceso de cambio, a efectos de anticipar y responder de manera rápida y efectiva a los efectos de las catástrofes naturales (con o sin intervención humana directa), tales como temporales, inundaciones, incendios, aluviones, sequías, entre otros. Este difícil pero necesario camino de la adaptación, implica repensar el sentido de la relación de las ciudades y el ecosistema en el cual se encuentran asentadas, con las consecuencias institucionales y regulatorias de ello. Parte por reconocer, identificar y en lo posible, restaurar estos ecosistemas, para que sean el punto de apoyo en la tarea de mitigar y adaptarse a las consecuencias de la crisis climática.
Nuestro país en los últimos años, gracias al impulso de voces y organizaciones territoriales y ambientales, ha dado importantes pasos en la dirección de una nueva relación entre la ciudad y su ecosistema. Se han dictado normativas como la Ley de Humedales Urbanos del año 2020, que ha implicado el reconocimiento de más de una decena de estos ecosistemas en nuestra región, y de la Ley Marco de Cambio Climático (en vigencia desde hace casi un año exacto) que incorpora diversos principios de actuación e instrumentos que orientan esta protección de los ecosistemas urbanos.
El desafío está en la aplicación de estas reformas recientes, la socialización de su importancia, y la concreción de los instrumentos de planificación que emanan de ellos, así como de nuevas normativas que redunden en una relación armónica con los ecosistemas urbanos. Asimismo, se requiere una necesaria celeridad en su implementación, atendida la urgencia de la crisis climática y sus efectos sobre las ciudades como las observadas estos días. Parte de ello, es tomar las medidas políticas y de planificación, para evitar que la falta de aplicación, u obstaculizaciones a esta mediante la impugnación judicia,l entraben su efectiva y necesaria vigencia.