Nicolás Díaz Carrillo
Abogado

El desempleo alcanzó el 9,6% en agosto de este año, lo que implica alrededor de un millón de personas sin trabajo.

Analistas ligados al oficialismo han subrayado como causas de este complejo escenario el impacto de las reformas laborales impulsadas y promulgadas por el gobierno anterior. A partir del Informe de Percepciones de Negocios (agosto de 2026) y del Informe de Política Monetaria (IPoM de septiembre de 2026), ambos del Banco Central, han realzado como principales explicaciones aquellas que operan como un “aumento de los costos laborales”: la reducción de la jornada laboral ordinaria a 44 horas (en abril de 2024) y luego a 42 (en abril de 2026), como asimismo el aumento del sueldo mínimo, de $350.000 en enero de 2022 a los $539.000 pesos de enero de 2026.

Si bien es cierto que el Banco Central puntualiza dichos factores, lo problemático es que a partir de una parte de los factores observados se pretenda construir una narrativa política cuyo enfoque sea el ataque a dichos avances en la calidad del trabajo subordinado. El propio IPoM (p. 29 y ss.) habla del alza de los costos laborales como “una posible explicación” en calidad de “factor persistente” que, en todo caso, conforme la propia literatura que cita, con alzas moderadas disminuye considerablemente su impacto en el empleo. Del mismo modo, también desarrolla otras causas como “factores cíclicos” que han debilitado la actividad económica, y la mayor exposición de Chile –comparativamente con otros países- a la automatización tecnológica que sustituye el trabajo humano.

Por otro lado, un estudio de Randstad Employer Brand Research (REBR), de julio de este año, reveló que las principales prioridades de los chilenos/as para la elección de un empleo son precisamente las remuneraciones, la estabilidad en el empleo, un buen ambiente de trabajo y el equilibrio entre la vida personal y laboral. Todos aspectos de dignificación del trabajo que son expresión de la orientación de aquellas reformas. Resulta peligroso que el combate al desempleo sea solo visto como una cuestión de costos de las empresas y empleadores, y más aún, que su única respuesta sea mayor flexibilidad para despedir o precarizar las condiciones de dignidad y estabilidad en el trabajo.