Marcelo Sánchez
Fundación San Carlos de Maipo
Uno de los mecanismos más efectivos que utiliza el narcotráfico para lograr amedrentar a la comunidad e impedir que coopere con las autoridades, es involucrar gradualmente en sus actividades delictivas a niños, jóvenes y adolescentes, quienes desarrollan trayectorias que se van profundizando en el tiempo. Esta estrategia enfrenta cada vez menos barreras, en la medida que se normaliza la actividad delictiva, en que se aceptan los códigos y los términos que impone en el territorio frente a la omisión e incluso validación de los comportamientos con que manifiesta su dominio.
De allí qué acciones como los funerales narcos lo que buscan es precisamente evidenciar una nueva conquista de las organizaciones delictivas en los espacios que debieran ser reservados al respeto y el dolor de los deudos, son un símbolo de control que abusa del sincretismo de un momento sagrado en que el culto al delito y la muerte subyacen peligrosamente en un mensaje que se instala en la referencia valórica de niños y adolescentes que construyen su identidad.
Adicionalmente, cuando la respuesta al frente de este tipo de acciones afecta derechos fundamentales como el de la educación, se debilita sistemáticamente el borde de protección más efectivo en la prevención de conductas problemáticas de niños y adolescentes como el involucramiento delictivo, la violencia, el consumo de alcohol y drogas, las conductas sexuales de riesgo y otras.
En la escuela el niño aprende a vivir en un marco normativo, a desarrollar la convivencia y a regular sus emociones. Aprende a compartir y socializar, por ello es una etapa fundamental en la construcción de su identidad. Lamentablemente, hemos visto el último tiempo cómo se reiteran estas acciones de amedrentamiento que derivan en la suspensión de clases a fin de resguardar la seguridad de la comunidad escolar. Estas acciones por su naturaleza son de un elevado perfil público y, por lo tanto, las respuestas frente a ella debieran ser predecibles, planificables y ejecutables, con la debida antelación y consistencia.
Con todo lo justificable que es la medida adoptada por los Colegios, no nos puede dejar indiferente, pues nuevamente la niñez paga los costos de la falta de prevención y control. No parece coherente que los esfuerzos en materia de seguridad, planes y organismos especializados no sean efectivos a la hora de transmitir a padres y profesores la certeza de que el Estado actuará resguardando el orden público, garantizando llegar antes y no cuando la grandilocuencia de las querellas no repare en absoluto la pérdida de una Vida.
Es importante que no sigamos en esta trayectoria, la niñez está en una profunda crisis en que tenemos las más altas cifras de exclusión educativa y de riesgo de ausentismo, lideramos los consumos de alcohol y drogas en Latinoamérica, tenemos listas de espera históricas en materia de salud mental y ambulatoria en el Servicio de Protección “mejor niñez”, no podemos seguir cediendo espacio a aquellos que pretenden vulnerar los derechos de niños y niñas de nuestro país.