Si tan documentada está la ineficacia de estas medidas para alcanzar la seguridad, por qué el debate se acomoda aquí.
Nicolás Díaz Carillo
Abogado Colectiva Justicia en Derechos Humanos
El debate público se ha volcado de lleno sobre la seguridad. De los riesgos sociales y sanitarios, ahora transitamos –sin descanso- a los riesgos de la seguridad individual en el espacio público. Es el temor de ser víctima de un delito contra la propiedad o la integridad física, y que las fuerzas de orden y seguridad pública no puedan evitarlo. La mezcla resonante entre testimonios, reiteración de imágenes y violentos relatos, indigna y atemoriza a cualquiera. Estamos debatiendo y legislando en un estado de shock. Pero, ¿Por qué valoramos tanto la seguridad? ¿Por qué nos indigna si la perdemos abruptamente nosotros o un tercero?
La seguridad es valorada porque entendemos que de ella deriva la paz, una vida sin violencia, exenta de restricciones o coacciones contra nuestra libertad individual, un estado de cosas que permite la vida en familia, el ocio, el desarrollar tranquilamente nuestras actividades productivas o culturales. El libre tránsito en el espacio público, a la hora que sea, es una facultad que por más trivial que parezca, sintetiza y representa el ejercicio de un plan de vida propio y autónomo. Una fundamentación así entendida, desde la autonomía, hermana a la seguridad con nada menos que la dignidad y los derechos humanos que corresponden a toda persona.
Si estamos de acuerdo con esta fundamentación, cabe preguntarnos: ¿Qué medidas coherentes adoptamos para alcanzar la seguridad como fin? Curiosamente, la respuesta ha sido retribuir con más daño y posibilitar más violencia: aumentar las penas privativas de libertad y aumentar la discrecionalidad del uso de armamento letal por parte del policía. A más dolor o conmoción pública, más alta la pena y más discrecional el uso de la fuerza.
Si tan documentada está la ineficacia de estas medidas para alcanzar la seguridad, por qué el debate se acomoda aquí. Cuál es la motivación racional que insiste en disociar la fundamentación aludida a tal punto que cierta alcaldesa sugiere que los derechos humanos son un obstáculo o que restablecer la pena de muerte es una alternativa plausible. Se desprecia así una fundamentación que da valor tanto a la seguridad como a la dignidad humana. Se plantea tal distancia entre éstas que se pretende resolver el problema con medidas que tienen como única justificación la retribución del daño y la fuerza. En un debate de “seguridad o nada” jamás estaremos seguros.