En el debate constituyente ha sido un elemento central establecerlo en el catálogo de derechos fundamentales como una obligación del Estado.
El 22 de marzo la comunidad internacional celebra el Día Mundial del Agua. Este 2023 coincide además con la realización de la Conferencia Mundial sobre el Agua en la ONU.
Es relevante que la comunidad internacional se imponga la meta de consagrar el derecho humano al agua y saneamiento de toda la población mundial para el año 2030 (ODS 6).
Sabemos que será un propósito muy difícil de cumplir, considerando que en la actualidad más de 2 mil millones de personas viven sin acceso al agua potable. En Chile se ha reconocido el derecho de las personas a acceder al agua potable y al saneamiento en sentencias de la Corte Suprema.
Sin embargo, nuestro modelo normativo sigue tratando al agua cómo un recurso económico, por ello la implementación de lo decidido por el máximo tribunal del país ha sido difícil desde una perspectiva de derechos humanos.
¿Qué ocurre, por ejemplo, con las personas que no pueden pagar el servicio de agua potable y alcantarillado? En el debate constituyente ha sido un elemento central establecerlo en el catálogo de derechos fundamentales como una obligación del Estado, bajo los parámetros del Derecho Internacional.
Esto supone una jerarquización en los usos del agua que también ha sido parte del debate. ¿Cuáles debieran ser los criterios para establecer esa jerarquía? La reforma del Código de Aguas de 2022 avanza en dicha idea, priorizando elementos relacionados al derecho humano al agua y la protección ecosistémica, pero se requiere que dicha consagración pueda estar también presente en el debate constitucional.
Al mismo tiempo, es necesario tener una conversación respecto de los derechos de los ecosistemas, lo que permitirá mantener y proteger las fuentes de agua.
El cambio climático y la crisis ecológica tienen impactos muy relevantes en las precipitaciones y eventos extremos que debemos considerar al tomar decisiones colectivas sobre el agua.
La ausencia de información pública actualizada y precisa respecto de los derechos de aprovechamiento de agua otorgados desde el año 1981 y de datos concretos sobre los caudales existentes en las fuentes de aguas continentales son otros desafíos a enfrentar en esta materia.
Desconocemos la información técnica respecto del stock jurídico y stock hídrico existente en nuestro país. Esto hace muy difícil -o imposible- la adopción de políticas públicas adecuadas que permitan avanzar en los objetivos a los que estamos obligados como país ante la comunidad internacional. Aún más grave, impide concretar la realización de los derechos fundamentales.
AMAYA ÁLVEZ MARÍN
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos