Jorge Aillapán Quinteros
Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Superada la tragedia que estamos viviendo en la región, no debiera evadirse la discusión en torno a las causas mediatas o remotas de los incendios. Antes de la herida, vemos que la industria forestal nuevamente saca a relucir su clásico argumento del “terrorismo mapuche”, soslayando abiertamente que las investigaciones científicas y académicas descartan de plano dicho argumento, más aún en zonas donde existe tal conflicto. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con un proyecto minero que califica como “fake news” los argumentos científicos en torno a los daños que generará a la propiedad, el medioambiente y la vida de quienes vivimos en Penco y las comunas aledañas. Peor incluso, pues dicho proyecto pretende instalar, como posverdad, que solo traerá progreso y bienestar al territorio. El que explica, se complica, como bien indica la sabiduría popular.

En Chile, apenas existe responsabilidad social de las empresas respecto a las comunidades y territorios que intervienen, de ahí que urja avanzar hacia la responsabilidad legal de éstas, tal como lo indicara el presidente de la República, hace algunos días. En efecto, es la ausencia de regulación la que permite el avance desmedido de las grandes industrias, condenando a las comunidades afectadas a la resignación y sufrimiento de vivir en una “zona de sacrificio”, y así ocurrió en Freirina, Coronel, Quintero, en las comunas afectadas por los incendios forestales, y también podría ocurrir con la minera que pretende instalarse en Penco.

El que explica, se complica; y el que aclara, más bien oscurece. De nada sirve implementar políticas unilaterales y arbitrarias de “buena vecindad”, cuando el sector industrial no está dispuesto a asumir responsabilidad alguna en los riesgos que genera. Por ello que resulte abusivo autocalificarse como “buen vecino”, cuando la misma comunidad –en la reciente Consulta Ciudadana- ha manifestado no querer convivir con una industria contaminante que solo traerá problemas, pérdidas de empleos, devaluación de las casas y, en general, mal vivir. Es de esperar que se respete la voluntad ciudadana, máxime si la totalidad de quienes vivimos en Penco rechazamos la instalación del proyecto minero, de ahí que no necesitemos ahora de alguien que nos lo aclare ni, menos, que su contaminación y relave nos salpique, como diría Shakira.