Es clave que las políticas que promueven un envejecimiento integral consideren el factor laboral.
Dra. Carola Salazar Norambuena
Investigadora OES-UCSC
La semana pasada pasó el primer trámite constitucional en el senado el proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
La propuesta que surgió desde el Comité Interministerial de Adulto Mayor busca dictar cada diez años, una Política Nacional de Envejecimiento positivo, que promueva un marco integral de protección a las personas mayores, considerándolas como sujetos de derecho.
Dentro de las temáticas que aborda este proyecto de ley, está “trabajo y persona mayor”. Actualmente en Chile, jubilar es un derecho que tienen las personas: las mujeres a los 60 años, y los hombres a los 65. Sin embargo, es importante destacar que estas edades no son obligatorias. El problema con el actual modelo de jubilación en el país es que en general, no existe una transición desde la vida laboral activa al retiro. Algunas instituciones cuentan con programas que precisamente buscan crear un puente hacia la jubilación; reconociendo que es un proceso: jubilarse no es un evento instantáneo donde la persona de un día a otro simplemente se desvincula de su trabajo.
En Chile las personas mayores siguen trabajando una vez que alcanzan la edad de retiro legal. Un estudio de la Universidad Católica evidenció en una encuesta nacional a cerca de 2000 personas entre 55 a 74 años, que un 48% de ellas seguía trabajando. Las razones detrás de esta decisión son variadas: algunas necesitan seguir generando ingresos porque las pensiones que recibirían no son suficientes para cubrir sus necesidades, mientras que otras desean seguir activas laboralmente.
Las personas mayores se podrían beneficiar de una estrategia que algunos países han adoptado: “empleos puente”. Este tipo de trabajos ofrecen horarios flexibles, y autonomía: los trabajadores disminuyen su carga laboral paulatinamente, sin perder beneficios de seguridad social, y las empresas pueden trabajar paralelamente en cómo cubrirán la plaza que se generará cuando la persona jubile. Este tipo de empleo demuestra que contribuye a la satisfacción laboral y vital. Además, protege la calidad de vida durante la jubilación: como las personas saben que eventualmente dejarán su fuente laboral, les permite planificar cómo enfrentar las consecuencias económicas, sociales y familiares que conlleva dejar el mercado laboral.
Por esta razón, es clave que las políticas que promueven un envejecimiento integral consideren el factor laboral: es una realidad que la expectativa de vida en Chile bordea los 80 años; considerando la edad legal de jubilación, eso significa que las personas deben vivir cerca de 20 años con una pensión como único ingreso económico.