SINDY SALAZAR PINCHEIRA
Abogada-Colectiva Justicia en Derechos Humanos
El pasado 14 de noviembre mientras una nota de salud mental en la prensa nacional pasaba inadvertida, era el Lanzamiento del Informe anual de Derechos Humanos del Centro de estudios de la Universidad Diego Portales. El noticiero de CNN nos señalaba con alarma del aumento de un 57% en cantidad de niños, niñas y adolescentes que son atendidos por pensamientos suicidas en salas de emergencias según un estudio realizado por “Pediatric” en Estados Unidos, mientras en el Informe anual de Derechos Humanos en el capítulo titulado “Salud mental de niños , niñas y adolescentes una tormenta perfecta” nos recordaba las cifras entregadas por UNICEF el 2021 a propósito del cuarto estudio de maltrato infantil en Chile.
Diversas condiciones estudiadas, entre ellas el aumento de violencia intrafamiliar, confinamiento y una serie de consecuencias de la pandemia, hicieron también eco en el estudio de la UNICEF que nos indicaba que un 71% de los niños, niñas y adolescentes chilenos recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores. La evidencia muestra que los niños, niñas o adolescentes que experimentan o son testigos de violencia, malos tratos o negligencia tienen dificultades para alcanzar el desarrollo que se espera en virtud de su edad, así como un mayor riesgo de presentar trastornos conductuales, estrés postraumático, ansiedad y de presión.
El comité de Derechos del niño realizó observaciones sobre los Informes 6º y 7º combinados de Chile pronunciándose entre otras, respecto a salud mental y servicios de salud entre ellos. Una de las recomendaciones del Comité fue “que se mejore la recopilación y sistematización de información sobre la discriminación contra los niños, la salud mental, los niños más pequeños, los niños en modalidades alternativas”, frente a esto una buena compilación de datos respecto al grupo etario referido, se hace imprescindible para llegar a una eficiente política pública que de cumplimiento a una basta normativa internacional respecto a la salud mental. El resguardo de este derecho se encuentra consignado en el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por lo tanto, su marco jurídico y los estándares internacionales se construyen desde lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 25.1 y 2); el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 12); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 1.1) entre otros.
Frente a toda la evidencia antes señalada, el gobierno a partir de su Estrategia nacional de salud mental y Derechos Humanos confirmó el aumento de presupuesto de 2,4 a 6%, lo que fue muy bien recepcionado por la población que ve el tema como problema urgente.
La pregunta que surge hoy es, ¿Cómo podemos tener una estrategia que logre sortear no solo la carencia de especialistas y las condiciones propias de las políticas públicas y sus dificultades de implementación, sino también que logre traspasar la muralla que se enfrenta en el congreso diversos temas, entre ellos de derechos humanos, si vemos que hasta en aquellos transversalmente “puestos en primera línea” como la seguridad y el combate a la delincuencia, un amplio sector ha rechazado su presupuesto?. “Los niños primero” decían, siempre que ellos bailen en alguna trinchera, deberían agregar