El delito y la violencia como fenómenos existentes en toda sociedad moderna revisten una enorme complejidad en su explicación o intento de análisis. Si bien existen ya varias décadas de políticas públicas dirigidas a confrontar estas problemáticas, aún la ciudadanía ve con ojos incrédulos como cada esfuerzo no logra revertir una situación que parece desbordada.
El Gobierno de Gabriel Boric ha tomado esta situación en el punto más crítico de la historia reciente, la que ha visto como la violencia extrema, el uso de armas de fuego y el crimen organizado muestran avances en los distintos territorios, o por lo menos es lo que vemos a diario en medios de comunicación y redes sociales.
Esta situación no es casual, las dinámicas de la dura pandemia que a todos y todas nos tocó enfrentar, también significaron una importante modificación en la dinámica delictual, porque algo es innegable, durante 2020 y 2021 fueron los años donde menos delitos se registraron en Chile, a lo menos en los últimos 20 años. Con menos personas en las calles, más tiempo en casa, gran parte del comercio cerrado, el delito disminuyó en números, pero no a si en su intensidad, para aquellos que se dedicaban al robo ahora les fue más atractivo y rentable el crimen organizado, principalmente en tareas ligadas al narcotráfico.
El tráfico de drogas es hoy quizás el mayor problema asociado a los delitos violentos, con acceso a armas de fuego, recursos y a contar con jóvenes que debido a la gran desigualdad no ven otro camino más que el negocio asociado a la droga.
Pero, ¿Cómo estamos afrontando esto como sociedad? ¿Es el constante aumento de las penas y la persecución el único camino por delante? ¿Qué estamos haciendo para abordar al principal objeto del narco? Los consumidores.
Hace más de una década que soy parte de las mesas de seguridad pública de la Comuna Coronel y en ese andar junto a grandes dirigentes, hemos podido constatar que existe vinculación directa entre la segregación social habitacional y el narcotráfico.
Hace algunos años atrás constatamos la entrada del micro tráfico, que al pasar del tiempo logra afianzarse como una especie reinado en los barrios con mayor de densidad habitacional y que en una escala inesperada logro centrar los pilares del narcotráfico. Ahí mismo donde hace algunos años la lucha era por la casa digna, el sueño de cada familia y las grandes expectativas, que se fueron apagando al andar.
Familias, que hoy son atormentadas, aterrorizadas por el crimen organizado, los ajustes de cuenta entre grupos contrarios de los narcos, que viven con el miedo que alguna bala loca destruya la vida de un ser amado.
La demanda por el consumo de drogas no cede, al contrario día tras día aparecen nuevas drogas sintéticas que circulan más bien en sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad y en Coronel, zona de sacrificio como en tiempos de la explotación del carbón el alcoholismo era parte de la vida: hoy es la pasta base, que destruye a familias completas.
¿Cuáles son los resultados reales de los diversos programas gubernamentales en la prevención de drogas?
¿Qué impacto real han tenido sobre el territorio? ¿Cuantas familias han podido costear o garantizar un tratamiento efectivo, adecuado para su hijos y hijas?
Querer combatir al narcotráfico – sin considerar que la adicción a las drogas es un problema de salud pública – nos deja muy mal parado ante la grave situación de seguridad pública que vive la ciudadanía.
La inversión pública debe ir dirigida en todos sus aspectos (salud, educación, infraestructuras pública, transporte), sobre todo ahí donde el narco se siente con el derecho de cooptar los sueños de las niñas, los niños y jóvenes.