Los derechos de la naturaleza y los derechos humanos se encuentran intrínsecamente interrelacionados.
Camila Palma Millán
Directora ONG Defensa Ambiental
Nos acercamos al 4 de septiembre y son muchas las dudas que circulan en torno a la nueva Constitución y poco se habla del medioambiente, ¿qué pasa con el proyecto de nueva Constitución? ¿Acaso mejora el estándar de protección? La respuesta es sí. Este sería el primer texto constitucional que reconoce y se hace cargo del cambio climático, y no conforme con ello, introduce un nuevo paradigma: avanza de una visión de carácter antropocéntrica a una ecocéntrica al reconocer explícitamente los derechos de la Naturaleza, no quedando exenta a los ya más de 35 países de todos los continentes, que los han reconocido de alguna forma en sus sistemas normativos.
Podemos decir que al reconocerlos, se avanza hacia una relación de mayor respeto y armonía con otras formas de vida, entendiendo que la humanidad es parte de un todo y que la naturaleza posee un valor en sí misma, con independencia de la utilidad que nos pueda prestar como seres humanos. Las entidades naturales como ríos, bosques y mares dejan de ser sólo objetos de explotación y pasan a ser reconocidos como sujetos de protección jurídica, los cuales pueden invocar sus propios intereses a través de sus representantes legales. Según señala la propuesta de nueva Constitución, estos serían la Defensoría de la Naturaleza y cualquier persona o grupo, permitiendo a ONGs, por ejemplo abogar por su derecho a existir, a persistir y a ser reparada y restaurada.
Con el fin de derribar mitos, se hace importante señalar que los derechos de la Naturaleza y los derechos humanos se encuentran intrínsecamente interrelacionados, en ningún caso habría un conflicto, pues el puente entre estas dos disciplinas es el derecho a un medioambiente sano. Ambos enfoques de derechos se complementan, por ejemplo cuando hay un impacto ambiental negativo o irreparable, se genera en consecuencia una violación a los derechos humanos, en otras palabras, ambas disciplinas se deben implementar y justiciabilizar conjuntamente, ninguna es excluyente de la otra.
Hoy nos encontramos ante una propuesta constitucional que no solo nos orienta hacia un nuevo paradigma, sino también nos permite, como sociedad, avanzar hacia un Estado que no permita zonas de sacrificio y que sancione fuertemente a quien dañe el ambiente, entregándonos herramientas para lograrlo.