Sin un mercado en el cual se puedan reducir estas miles de toneladas de madera sustraídas todos los años, obteniendo millonarias ganancias, el robo de árboles –al menos en las magnitudes que se realizan hasta ahora– no podría continuar.
Rodrigo Piergentili y Pelayo Vial
Abogados penalistas en Bartucevic Piergentili y cía.
El Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, criticó duramente al Servicio de Impuestos Internos (SII) por dejar de fiscalizar el transporte y comercialización de madera robada en las carreteras de la VIII Región, en el marco de la violencia rural que azota a la Macrozona Sur. La crítica parece acertada, pero no solo para el SII, sino también para las otras instituciones encargadas de combatir este enorme fenómeno delictivo.
Según la Corporación Chilena de la Madera (Corma), el robo de madera en la zona genera cerca de 70 millones de dólares de ingresos ilegales y va en aumento todos los años, sustrayéndose miles de toneladas de madera, que luego son transportadas y comercializadas ilegalmente en la zona, ante la impotencia de los órganos policiales y jurisdiccionales.
Es evidente que los territorios afectados por el robo son tan extensos y el acceso a ellos es tan difícil, que es imposible realizar una labor policial preventiva eficaz. Además, la persecución penal de la tala ilegal tiene dificultades para generar medios de prueba que pasen los estándares requeridos en un Estado de Derecho.
De esta manera, pareciera ser que, con los recursos materiales y legales actuales, el único camino es cambiar el foco de la persecución penal. Estas miles de toneladas de madera que son sustraídas desde los predios madereros, no pueden ser reducidas a pequeña escala. Por el contrario, son vendidos a unos pocos aserraderos o empresas madereras de la zona, que cuentan con la capacidad para procesar tanto material.
La comercialización y posterior compra de madera robada es también constitutiva de múltiples y graves delitos. No se requiere ninguna modificación legal para castigarla como receptación y como delito tributario. Asimismo, el tráfico de los rollizos es realizado por grupos organizados que utilizan camiones, trabajadores, choferes y grúas. Estos hechos también son perseguibles como asociación ilícita; tipo penal que, a su vez, es delito base de lavado de activos, del cual participan también las empresas compradoras.
Eso no es todo, tanto la receptación como el lavado de activos genera responsabilidad penal para las personas jurídicas; es decir, para los aserraderos que compran esta madera robada.
Por último, si bien las penas del delito de receptación son relativamente bajas, conllevan la incautación de la madera, lo que desincentiva la compra de estas especies.
De esta manera, parece mucho más eficiente y seguro controlar la compra de la madera por unas pocas empresas fácilmente identificables, que patrullar enormes extensiones de bosques, intentando sorprender o perseguir a posteriori a quienes cortan los árboles, tarea que se ha demostrado inútil y peligrosa.
Sin un mercado en el cual se puedan reducir estas miles de toneladas de madera sustraídas todos los años, obteniendo millonarias ganancias, el robo de árboles –al menos en las magnitudes que se realizan hasta ahora– no podría continuar.