Cuando hablamos de la suspensión del Simce nos referimos a transitar hacia un nuevo paradigma para la comprensión del concepto de calidad en Educación; que se aleje de los enfoques punitivos, estandarizados y competitivos, y ponga en el centro la autonomía profesional docente, los intereses genuinos de las y los estudiantes, y el rol del Ministerio de Educación para liderar las necesarias transformaciones educativas que el sistema escolar exige frente a los tiempos actuales.
Matías Aravena Moraga
Profesor de Historia y Geografía
Director provincial de Educación de Concepción.
Para el decreto 67, la evaluación se define como un conjunto de acciones aplicadas para obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objetivo de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.
Por lo mismo, la información obtenida mediante la aplicación de una evaluación permite desarrollar un trabajo mancomunado para la toma de decisiones que posibilite atender la diversidad del aula, a partir de acciones consensuadas entre las profesoras y profesores.
Nuestro compromiso como Ministerio de Educación, es obtener información contextualizada, situada y oportuna, para establecer mecanismos y herramientas que permitan una intervención pedagógica que responda a los intereses y necesidades de las y los estudiantes, a través de acciones definidas autónomamente por las y los miembros de las comunidades escolares. Esto, a diferencia del actual sistema, pone en el centro la pertinencia y relevancia de la autonomía profesional docente, y no establece de manera prescriptiva directrices basadas en la estandarización, la competencia y en una excesiva rendición de cuentas que agobia y presiona a nuestras profesoras, profesores y estudiantes.
Por lo tanto, evaluar -en la visión que proponemos desde el Ministerio-, implica fortalecer los diagnósticos integrales de aprendizaje, adquirir de manera oportuna información diversa y enriquecedora para la formulación de respuestas situadas a las realidades escolares, y desarrollar mejoras al acompañamiento y apoyo de los equipos directivos hacia las profesoras y profesores en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, una evaluación auténtica, posibilita el desarrollo profesional docente y la atención a la diversidad de intereses cognitivos y afectivos de las y los estudiantes.
Repensar nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, implica confiar en nuestras comunidades y sus proyectos educativos institucionales, entregar las herramientas que posibiliten la toma de decisiones profesionales y les haga, a las distintas actrices y actores de las escuelas, protagonistas del desarrollo de procedimientos de evaluación y medición para orientar y apoyar a sus comunidades en la formulación de sus planes de mejoramiento educativo.
En síntesis, cuando hablamos de la suspensión del Simce nos referimos a transitar hacia un nuevo paradigma para la comprensión del concepto de calidad en Educación; que se aleje de los enfoques punitivos, estandarizados y competitivos, y ponga en el centro la autonomía profesional docente, los intereses genuinos de las y los estudiantes, y el rol del Ministerio de Educación para liderar las necesarias transformaciones educativas que el sistema escolar exige frente a los tiempos actuales.