Considerando que casi un sexto del pueblo chileno tiene algún tipo de discapacidad, su presencia en los ámbitos de decisión política es justa y necesaria.
Sofía Villavicencio
Directora ejecutiva de Fundación Luz
El lunes 18 de abril del 2022 quedará marcado como un día histórico para las personas con discapacidad en Chile. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó tres de los cinco incisos de la iniciativa de norma que involucra a un porcentaje nada menor de la población nacional, que ronda los tres millones.
De esta manera, de ser aprobado el borrador de la Constitución el domingo 4 de septiembre, nuestro país reconocerá a los integrantes de este grupo mayoritario como sujetos de derechos en igualdad de condiciones. Así, se garantizaría el goce y el ejercicio de su capacidad jurídica, con los apoyos y las salvaguardias correspondientes.
En la práctica, tendrían derecho a la accesibilidad universal y a la inclusión laboral, como también a la participación en las distintas capas de la sociedad: política, económica y cultural. Para respaldar lo anterior, la ley arbitraría los medios necesarios para identificar y remover las barreras que impiden el ejercicio de lo mencionado.
Aunque todo esto pueda sonar abstracto, marca un hito a nivel mundial, ya que de imponerse la opción del “Apruebo” en el Plebiscito de Salida, Chile será el primer país del planeta en incluir estas líneas en su Carta Magna. Más allá del logro, también implicaría un aval para exigir lo escrito, ya sin depender de las interpretaciones circunstanciales.
Ahora, la celebración, hasta el momento, no es completa, ya que los dos incisos no aprobados resultan fundamentales dentro de la -valga la redundancia- Carta Fundamental. La creación de un Servicio Nacional para brindar apoyo personalizado e integral es clave, para fortalecer el trabajo del actual Senadis, especialmente en lo relativo a la fiscalización.
Y más importante aún es el quinto y último inciso, el cual aseguraría la representación de las personas con discapacidad en cargos de elección popular, mediante el establecimiento de cuotas reservadas. Hoy hay minorías que tienen certificados sus escaños en el Congreso, situación que no ocurre con nuestro grupo.
Considerando que casi un sexto del pueblo chileno tiene algún tipo de discapacidad, su presencia en los ámbitos de decisión política es justa y necesaria. Con apenas una constituyente de un total de 155 y una parlamentaria de 205, la representatividad no cuaja por ningún lado.
Por eso, ¡apuesto al “pleno”!