Lo que se ha hecho, es solo normalizar el Estado de Excepción, restringir derechos, negar el conflicto y agravarlo, tanto así que, en los últimos meses, hemos sido testigos de un aumento de violencia en la zona, la cual parece que solo se agrava más.
Emmanuel Arredondo
Abogado. Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
El pasado 08 de marzo, El Senado aprobó nuevamente la extensión del estado de excepción en la llamada “Macrozona sur”, solicitado por el presidente saliente.
Al respecto nos consultamos sobre esta medida si ¿Se ha reducido la comisión de delitos violentos? ¿Se han cumplido objetivos de controlar el orden público?
Claramente NO, es más, pareciera ser que han aumentado los hechos violentos, se ha enrarecido
el aire en la zona y más aún, pareciera ser que se quiere normalizar la restricción de Derechos Fundamentales, así como la presencia de FFAA en las calles.
Durante el gobierno saliente, desde el 19 de octubre del 2019 ha existido una constante en decretar estados de excepción. Lo cierto es que, desde dicha fecha por uno u otro motivo, la restricción de Derechos Fundamentales han sido una constante más que una excepción.
Por otra parte, al justificar la extensión de esta medida, llama la atención la opinión de la Senadora Aravena al indicar que los atentados en la zona son realizados por grupos organizados, “muchos de ellos vinculados a la causa indígena, la cual nunca vamos a tener muy claro porque hay alrededor de seis grupos que están actuando y se están adjudicando los ataques”. El hecho que la Senadora, no tiene claro el motivo de proliferación de este tipo de agrupaciones, es porque desconoce la contingencia e historia reciente del país, atribuyendo a los pueblos originarios una responsabilidad por hechos violentos y reprobables.
Así las cosas, no existe ni existió por parte del gobierno saliente, ninguna política pública tendiente a solucionar la relación del Estado de Chile con sus pueblos originarios tampoco indagó en los efectos de ciertas actividades económicas -como lo es la forestal- en las comunidades, ni mucho menos se ha hecho cargo de posibles proliferaciones de “grupos de seguridad” o de “resguardo patrimonial”, que estén actuando fuera del margen de la ley.
Lo que se ha hecho, es solo normalizar el Estado de Excepción, restringir derechos, negar el conflicto y agravarlo, tanto así que, en los últimos meses, hemos sido testigos de un aumento de violencia en la zona, la cual parece que solo se agrava más.